El que estudia actualmente el Congreso es el primer Plan de Desarrollo que incluye un capítulo específico con políticas de equidad para las mujeres.
El ‘Pacto de equidad para las mujeres’, como se denomina este capítulo, prevé inversiones por 5,4 billones de pesos para acciones afirmativas en salud, empoderamiento económico y generación de ingresos, educación, prevención de la violencia y participación política de la mujer.
Además, prevé la incorporación de 650.000 mujeres al mercado laboral a través del Servicio Público de Empleo.
“Es un pacto que promueve la participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral y en espacios de toma de decisiones, al tiempo que fortalece mecanismos para que vivan una vida libre de violencias”, aseguró la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso (ver Paréntesis).
El diagnóstico del Plan indica que para avanzar en equidad es importante acabar con los rezagos que afectan a las mujeres en el mercado laboral y el acceso a la educación, y posicionar a las mujeres como agentes del emprendimiento, líderes en participación política y protagonistas de la construcción de tejido social.
En equidad laboral, el plan pretende aumentar la participación de mujeres en cargos directivos del Estado colombiano a 50 %; y reducir la brecha de ingreso mensual promedio entre hombres y mujeres del 17,5 % al 16,7 %.
En cuanto a equidad social, en lo que se refiere a la promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y adolescentes, la meta a 2022 es reducir a 15,2 % el porcentaje de embarazo adolescente.
En materia de prevención de la violencia contra las mujeres el PND 2018-2022 tiene como meta aumentar de 50 % a 70 % los municipios con coordinación intersectorial contra la violencia de género.
De los 5,4 billones de pesos, 3,4 billones están asociados con programas de equidad, que incluyen estrategias que permitan un acceso equitativo a las oportunidades laborales y de inclusión productiva para las mujeres.
De otro lado incluye mejoramientos y titulaciones de vivienda; aumento de la cobertura en educación inicial de los niños y niñas para alivianar las cargas desproporcionadas del cuidado; e inversiones para dar acceso en educación superior, entre otras.
El Plan se establece el rediseño de programas sociales bandera como Familias en Acción, con enfoque diferencial, para las mujeres beneficiarias de las transferencias monetarias condicionadas.
Se destinarían cerca de 1,1 billones de pesos en acciones afirmativas de legalidad, para cerrar las brechas históricas que tienen las mujeres en el acceso a la justicia y la garantía de sus derechos.
