Colombia tendrá una nueva reforma tributaria (o Ley de Crecimiento Económico, como la ha bautizado el Gobierno) a partir del primero de enero de 2020. La bancada oficialista logró su aprobación tanto en Cámara de Representantes, como en Senado, luego de dos semanas en las que estuvo en vilo.
El proyecto empezó con polémica por las gabelas tributarias que se calculan en 9 billones de pesos y terminó de igual forma, pero esta vez por cómo se aprobó.
Ayer, cerca de las cinco de la mañana, la Cámara dio el visto bueno al admitir 15 artículos que faltaban por debatir, dando la estocada final para que el proyecto pase a sanción presidencial, sin necesidad de ser conciliado con el Senado.
“Quiero agradecerles a todos los honorables congresistas (...) ustedes aprobaron un proyecto que aumenta el recaudo, no que lo disminuye”, dijo Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda tras ser avalada la reforma tributaria.
Entre los 160 artículos aprobados varios fueron objeto de críticas, otros terminaron convirtiéndose en la base social, que según el presidente Iván Duque, son respuesta al descontento de quienes se manifestaron de manera pacífica en el último mes.
Lo que viene
Tras el visto bueno al plan, el Ejecutivo respira algo más tranquilo. Esto porque había sentenciado que de no aprobarse esta iniciativa (declarada como inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma) generaría incertidumbre jurídica para las empresas y dejaría un panorama sombrío para aquellas compañías extranjeras con operación en Colombia.
Durante el proceso fueron varias las voces las que aparecieron para criticar el plan. Una de ellas fue la de César Gaviria, líder del Partido Liberal, quien dijo que la reforma ponía en riesgo el grado de inversión en Colombia.
Una tesis que desde el Gobierno desmintieron al decir que el plan, que alcanzó a ejecutarse durante este año, fue una de las razones para que el dato de Inversión Extranjera Directa creciera 25 % entre enero y septiembre, según el Banco de la República.
Otros dos retos asoman para la vigencia de esta reformar en 2020: mejorar los indicadores de desempleo (promesa más importante de esta iniciativa), además de aumentar el recaudo.
Sobre el primer punto el panorama es crítico. A un año de la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento, el índice de desempleo ha seguido creciendo hasta ubicarse (para las 13 ciudades principales) en 10,4 % durante octubre de este año, según el Dane.
Por ello, el Gobierno sustenta su idea de generación de trabajo formal en el factor “espera”. Las perspectivas de los ministerios de Comercio y Trabajo están en que los indicadores empiecen a mejorar en los primeros meses del próximo año (ver Radiografía).
Las proyecciones, según Carrasquilla, se basan en que gracias a la estimulación tributaria que recibirán las empresas se generen 130.000 empleos entre 2020 y 2022. Ahora, para los más jóvenes “hay un beneficio potencial a 415.000 personas que están en búsqueda de su primer empleo”, dijo el funcionario.
Mientras tanto, sobre el recaudo, el Gobierno hace votos para que se reciban cerca de 11,2 billones de pesos, pero cálculos de centros de estudios como Fedesarrollo muestran que es un plan que desfinancia las arcas del Estado en cerca de 9 billones de pesos
En su mayoría, dice esa entidad, las gabelas empresariales podrían costarle al país unos 4,9 billones de pesos en 2020. Sin embargo, José Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), controvirtió la tesis diciendo que con la pasada Ley de Financiamiento se aumentó el recaudo tributario neto: “Entre noviembre de 2018 y 2019 creció 11,9 % y llegó a 138,6 billones de pesos”.
10,4 %
fue el desempleo a cierre de octubre en las 13 ciudades principales: Dane.
