Las más recientes encuestas de las firmas de auditoría y consultoría mostraron que un alto porcentaje de las empresas del país han experimentado algún tipo defraude en los últimos dos años.
El estudio de PriceWaterhouseCoopers (PwC), por ejemplo, señaló que el 38,8 % de los empresarios entrevistados (59 de 152) indicaron que sus compañías han sido víctimas de algún delito económico, lo cual está siete puntos por encima de lo reportado en la encuesta de 2016, cuando el indicador fue de 32 %.
Frente al aumento de este fenómeno, Mónica Jiménez, socia de PwC, indagó: “¿Será que estamos teniendo más consciencia del fraude y por lo tanto estamos reconociendo en una mejor medida su existencia?”.
A su turno, un reporte de KPMG que consultó a 144 directivos empresariales muestra que más de la mitad de las organizaciones experimentaron algún tipo de evento de fraude, y se destacó que 10 % de las empresas han observado más de diez de situaciones internas de fraude.
María del Pilar Camacho, consultora de KPMG, retomando los hallazgos del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional recordó que en ese escalafón Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países.
“Y, ¿por qué, pese a que la regulación ha cambiado, seguimos con altos índices de percepción negativos? Porque no estamos alineados con lo que el regulador quiere y porque muchos de esos esfuerzos son recientes y se dieron para que el país pudiera ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), cosa que se concretó a finales de mayo”, dijo Camacho en una charla de la Cámara de Comercio Colombo Americana.
En ese contexto, el lunes durante la rendición de cuentas, la Superintendencia de Sociedades aseguró que tras el ingreso a la Ocde se intensificaron las medidas de lucha contra el cohecho en casos de empresas instaladas en Colombia, que incurren en soborno de funcionarios públicos extranjeros, para sacar ventaja en licitaciones públicas.
“Se han adelantado 25 inspecciones forenses y se utiliza tecnología de punta para investigar, descubrir y sancionar el soborno internacional, a partir del seguimiento de movimientos financieros y actuaciones sospechosas”, indicó el despacho en un comunicado.
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