Hoy se conocerá si los siete exdirectivos de Ecopetrol, su filial Refinería de Cartagena (Reficar) y la firma estadounidense Chicago Bridge and Iron (CB&I), contratista principal de la construcción de una nueva refinería, aceptan o no los cargos por los que son acusados por la Fiscalía.
Cabe recordar que la Contraloría también avanza en el juicio de responsabilidad fiscal contra expresidentes de Ecopetrol y Reficar, miembros de sus juntas directivas y empresas contratistas, luego de determinar un “daño emergente de 4.144 millones de dólares, en el proyecto que terminó costando 8.013”.
Entre tanto, la Fiscalía imputó ayer los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público a Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre 2009-2012; Reyes Reinoso Yánez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente Jurídico de Reficar 2009-2017; y a Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente del Downstream de Ecopetrol 2008.
Igualmente, imputó estos cargos a Massoud Deidehban, director de Proyectos y representante legal CB&I 2009; Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar 2013-2015; y a Philip Kent Asherman, representante legal CB&I en 2010.
Serias acusaciones
Juan Andrés Rondón, fiscal del caso, aseguró que Cabrales, Laverde y Rosales fraguaron una estrategia para beneficiar a la firma CB&I mediante un plan que consistía en modificar la modalidad base del contrato reembolsable y en retirar la responsabilidad que tenían de presentar una oferta económica para el megaproyecto.
El ente acusador fue más allá y aseveró que Rosales Navarro, desde 2008, sabía que CB&I no se encontraba en disposición para presentar dicha oferta como correspondía y, además, conocía de su poca experiencia para asumir la construcción de la entonces ampliación de la refinería.
El fiscal del caso recordó que CB&I ya había concursado en una licitación para remodernizar la Refinería de Barrancabermeja en 2004, y obtuvo la más baja calificación. Pese a conocer todo esto, Rosales Navarro liberó a CB&I de toda responsabilidad, contraviniendo lo pactado en el contrato 2007.
“La participación de Rosales en Ecopetrol en esta fase de la contratación fue esencial y contribuyente para que la junta directiva avalara los acuerdos con CB&I”, aseguro el funcionario judicial.
Según el material probatorio, Reinoso habría autorizado el pago de facturas que previamente habían sido rechazadas por no presentar los requerimientos básicos a la hora de radicar el documento.
De esta manera, durante 2013, el entonces presidente de Reficar y el representante de CB&I facilitaron aprobar más de 600 mil millones de pesos, mediante cuatro acuerdos que autorizaron pagos de facturas previamente rechazadas. Hoy continuará la diligencia judicial.
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