98 %
de las empresas implementaron un modelo de trabajo remoto: Acrip.
$84.000
millones diarios fue el costo previsto de la pandemia en la ciudad: Alcaldía de Medellín.
Hasta el 23 de agosto pasado, 48.573 trabajadores que servían a empresas de todos los sectores afiliados a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), de los cuales 31.776 estaban vinculados a actividades relacionadas al cuidado de la salud, habían resultado contagiados por la covid-19, según reportó el gremio de las aseguradoras: Fasecolda.
El seguimiento a cada caso fue una de las tareas que debieron asumir las áreas de gestión humana de las organizaciones, lo que obligó a modificar protocolos de trabajo en la oficina tradicional, abrir cargos como de líder para el manejo de la salud, sobre todo en Estados Unidos y Europa, y a organizar prácticas laborales virtuales, aspectos que antes no eran parte de su realidad; en un contexto en el que las empresas han reducido su tamaño y el desempleo va en 16,8 % (Dane, agosto 2020).
Todo dentro de un contexto en el que entre marzo y julio se expidieron 27.896 incapacidades temporales y se les dio vía libre a más 46 pensiones de sobrevivencia.
Para cubrir esas prestaciones, se destinaron 140.000 millones de pesos, y otros 88.000 millones para la compra de elementos de protección personal para el sector de la salud.
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la asociación de las aseguradoras en salud en Colombia (Acemi), que incluye entre otras a Sura, Nueva EPS, Salud Total, EPS Sanitas, les cayó una responsabilidad más directa en el cuidado de sus empleados.
Dijo que, antes de la aparición del virus, “al pagar sus cotizaciones de ley, delegaban esa función en las ARL, EPS o las medicinas prepagadas. Hoy, en una nueva normalidad, cada paso, cada escritorio, cada movimiento, cada reunión, cada visita a un cliente se vuelve un tema de salud y entra en la órbita de las aseguradoras del sector”.
¿Qué deben tener las empresas para gestionar su talento humano mientras esté vigente la emergencia sanitaria?
Se pone en juego la salud
Morales plantea que cada decisión que tome la organización, por más mínima que sea – hasta el saludo que se den sus colaboradores al ingresar a la oficina– pone en juego la salud de todos.
“Nuestro sistema de salud y de seguridad en el trabajo nunca previó que íbamos a vivir una situación como esta, en la que muchas personas no pueden ir a su oficina, aunque no estén enfermas. Hay casos en los que alguien entró en contacto con un contagiado y debe quedarse en casa sin que un médico dé un diagnóstico o emitía una incapacidad, y eso les cuesta a las empresas”, afirma Morales, quien enfatiza en que el sistema no fue diseñado para atender un asunto tan masivo.
Por su parte, Mónica García, la directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), que agremia a más de mil organizaciones, asegura que el coronavirus ha hecho repensar la manera en la que estas áreas hacen su trabajo dentro de las organizaciones para mantener su operatividad.
Esto se reflejó en una encuesta que la federación realizó entre 200 empresas afiliadas (públicas, privadas y mixtas, de todos los tamaños), y el 98 % de estas había implementado el trabajo remoto en algunos de sus procesos en que esto era posible (el 93,8 % de las áreas administrativas y el 73,9% de las comerciales lo estaban haciendo).
“Nos dimos cuenta de que sí se puede trabajar desde casa, al organizar los equipos de manera que se redujera el número de personas expuestas al virus, y al asegurar que se cumplan las condiciones de seguridad, salud en el trabajo y los protocolos de bioseguridad en aquellos que tengan que acudir a instalaciones”, comentó García.
Uno de los retos en este punto es proporcionarles a los colaboradores en casa las herramientas y los equipos que les permitan ejercer su labor como computadores portátiles o sillas. “Hay empresas que dicen que no tienen cómo financiarlo, hay que ser creativos para ver cómo se hace, o se establecen acuerdos, pero hay que asegurar la salud física de las personas”, agrega la directora ejecutiva nacional.
Lo otro es el acompañamiento que se les brinda en los ambientes donde laboran, para prevenir enfermedades de salud mental. Según García, el 63 % de colaboradores en trabajo remoto manifestó estar sufriendo episodios de estrés, ansiedad o ausentismo.
Su recomendación es implementar programas de escucha y atención inmediata frente a situaciones emocionales relacionadas con cargas laborales o impactos financieros producto de la emergencia (pérdida del trabajo o disminución de los ingresos) a las que se debe prestar atención, pues pueden afectar su desempeño.
Incapacidad por la covid-19
Hay un tema crítico que las empresas, las ARL y las EPS han tenido que afrontar de manera conjunta: identificar si el contagio de un trabajador se da en ejercicio de sus funciones laborales o en su cotidianidad y así responder ¿quién asume la incapacidad?.
Germán Ponce, director de Riesgos Laborales de Fasecolda, comenta que definir quién asume la cobertura del caso depende de algunos factores en el que intervienen las tres partes.
“El empleador debe implementar un sistema de vigilancia epidemiológica con ayuda de la ARL, porque está es especializada en la identificación y la gestión del riesgo. Como el coronavirus no es un riesgo que lo genere el empleador, sino que está en el aire, lo más importante es identificar el síntoma o el origen del contagio”, precisa Ponce.
Y agrega que si los síntomas disminuyen la capacidad de ejercer sus actividades laborales, se le debe brindar atención en la institución prestadora de salud (IPS) respectiva, independiente del origen del contagio, y se tiene que emitir incapacidad.
Ahora, respecto al pago de esta, Ponce explica que hay que determinar cuál fue el medio de contacto –en el caso del personal de salud, esto no aplica, ya que se presume que fue por su labor–: si se identifica que fue por causas asociadas al trabajo, será responsabilidad de la ARL; pero si el sistema de vigilancia epidemiológica de la empresa detecta que no fue así, será la EPS la que responda.
Sin embargo, Gustavo Morales, de Acemi, advierte que aún el tema no es tan claro, y en su opinión el Gobierno no ha terminado de dilucidar el panorama normativo que responda a esta inquietud.
“Hace poco salió una norma del Ministerio que indica que si eres familiar con una persona contagiada, y vives con ella, no tienes que hacerte la prueba ni necesitas que un médico te declare que estás enfermo, pues se presupone que tienes covid-19. Esa persona está incapacitada laboralmente, lo cual es bueno desde la salud porque previene más contagios, pero desde lo económico, ¿quién pagará esos días que no fue a trabajar, sin un diagnóstico ni una prueba que lo confirmen?”, se pregunta Morales.
Al respecto, el Ministerio de Trabajo ha respondido que “el aislamiento preventivo no se considera incapacidad, por lo tanto, no incurre en pagos de prestaciones adicionales; los trabajadores que se encuentran bajo esta medida deberán en lo posible, estar bajo los lineamientos de los métodos de teletrabajo o trabajo remoto (en casa), previamente pactado con el empleador”.
Más allá de un protocolo
Además de los aspectos relacionados con la salud y la modalidad de trabajo, hay temas relacionados con la pandemia que tienen impacto directo en las áreas de gestión humana, como por ejemplo la contratación del personal y la adecuación de las instalaciones de las organizaciones que han decidido regresar a labores presenciales, por voluntad propia o porque sus funciones así lo demandan.
Carolina Díaz, gerente de People and Culture de ManpowerGroup Colombia, comentó que en su empresa tuvieron que invertir cerca de $60 millones en adecuaciones, aunque esta cifra es muy variable para otras organizaciones, dependiendo de factores como la capacidad física del espacio que ocupan, la cantidad de personas que regresarán a sus oficinas, el tipo de labores que realicen, entre otros.
“En nuestro caso, hicimos el ejercicio de revisar las oficinas, y consideramos cuatro parámetros básicos: garantizar el distanciamiento social, que entre las personas que ocuparían los espacios sí se pudieran guardar los dos metros de distancia, revisar aquellos cargos y puestos que atienden público y con qué frecuencia, y la preparación física de las oficinas, con acrílicos, elementos de protección personas, tapetes, alcohol, señalización, modificaciones en áreas de descanso, entre otras”, comenta Díaz.
En su concepto, el retorno seguro a las oficinas va más allá de implementar y cumplir un protocolo. Hay que repensar la organización del trabajo, hay que facilitarles a los colaboradores que puedan hacer su labor en las mejores condiciones, que si algunos tienen hijos en casa o adultos mayores que deban cuidar, se planifiquen turnos, que haya un acercamiento especial con ellos desde sus miedos y expectativas, de cómo garantizarles la seguridad y darles esa tranquilidad siendo consistentes con las diferentes medidas que se tomen .
$140
mil millones se destinaron para incapacidades y pensiones en cinco meses de pandemia: Fasecolda.
Regístrate al newsletter