La insistencia de analistas y exministros al Gobierno sobre una reducción en el gasto público para mejorar la salud de las finanzas estatales ha sido una constante. Mientras en la Casa de Nariño se han hecho los de oídos sordos, las cifras muestran que la administración de Gustavo Petro subió la contratación y el gasto de funcionamiento de forma notable.
Esto, mientras el Ejecutivo enfrenta desde el año pasado serios problemas de caja y presupuestos desfinanciados. Una historia que se está replicando este año, y que algunos ya apuntan a que también podría suceder en 2026.
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¿Aumentó el gasto?
Las cifras no mienten. El Presupuesto General de la Nación (PGN) para este año asciende a $511 billones. Particularmente, el repunte en funcionamiento fue de 6,2%, al pasar de $308,9 billones en 2024 a $327,9 billones para esta vigencia.
El año pasado el crecimiento fue mucho más notable. Según datos del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, ese gasto subió aproximadamente $87,5 billones, representando un 40% más frente a 2023.
Y 2023, a su vez, no fue la excepción; ese rubro escaló 21,1% frente a 2022. Si bien es cierto que, en parte, es normal que el monto se incremente por la variación de precios y aumentos en los sueldos de los empleados, lo real es que los ajustes estuvieron por encima del dato de inflación de los años anteriores, sobre todo en 2023 y 2024.
En lo corrido del gobierno Petro, la destinación a funcionamiento ha crecido un total de $118,5 billones frente al monto de 2022. Eso es equivalente a 56,5%.
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En su momento, cuando se aprobó el PGN de este año, el Ministerio de Hacienda dijo que el ajuste en funcionamiento no se podía interpretar como burocracia.
“Es fácil caer en el error de pensar que el aumento de $308,9 a $327,9 billones en dicho gasto obedece a una mayor nómina o a lo que algunos llaman burocracia, pues no”, anotó la cartera.
Defendió su premisa, alegando que las plantas en general no se habían modificado, y el volumen de personas que trabajan en el sector público era el mismo: “Lo que ha cambiado son las condiciones laborales, y algunas personas han ingresado por razones derivadas del concurso de méritos”.
E insistió en que el grueso del gasto de funcionamiento corresponde a transferencias, dentro de las cuales se encuentra el Sistema General de Participaciones (SGP).
Hay que reconocer que el SGP sí contiene el 75% de ese gasto, pero frente a la contratación se ha visto algo diferente, pues los datos muestran un incremento considerable en los trabajadores públicos.
Incremento en la contratación
Por ejemplo, este Gobierno ostenta el número de servidores públicos en la Rama Ejecutiva más grande de, por lo menos, los últimos 15 años.
Cifras reveladas por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia dan cuenta de que, desde la llegada del actual gobierno en 2022 se han creado 31.000 nuevos cargos, de los cuales 14.000 corresponden a empleados públicos y 12.000 a docentes. “Tan solo en el 2024 se crearon 26.625 nuevos cargos. Además, 13.559 nuevos cargos han sido de planta”, expresó.
La senadora agregó que, de esos 13.559, los de mayor contratación fueron: 10.196 empleados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); 1.152 en el Sena; 744 en el Ministerio de la Igualdad; 667 en Migración Colombia y 321 en el Ministerio de Cultura.
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¿Contratos de prestación de servicios a diestra y siniestra?
Dicen los conocedores de la vieja política que la burocracia, en su máximo esplendor, se manifiesta por medio de los contratos de prestación de servicios (OPS).
Cifras del Secop analizadas por la Unidad de Datos del diario El Tiempo, apuntan a que desde agosto de 2022 hasta abril de 2025, los OPS en el Gobierno aumentaron 75,4%.
En su comparación asegura que mientras el gobierno de Iván Duque registraba 43.150 contratos (30.229 por prestación) a 15 meses de terminar su período, el gobierno Petro, faltando los mismos meses, reportó 72.453 (53.032 eran OPS). Datos que corresponden a 18 ministerios y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
De hecho, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, confirmó que los OPS incrementaron más de 50% frente a los celebrados en 2022. Todo esto, mientras paradójicamente el Gobierno promueve en su consulta popular la generalización del contrato a término indefinido en los vínculos laborales.
“El aumento en servidores públicos ha sido voluntario, y los gastos de funcionamiento crecieron un 20% anual entre 2023 y 2025, mientras las empresas solo crecen un 0%, 1% y 2%”, añadió Restrepo.
Otra prueba del exfuncionario es que entre 2023 y 2025 los gastos de “burocracia” crecieron 10 veces más frente al promedio que hubo entre 2016 y 2022.
“En el fondo, esto ha permitido que el magro crecimiento económico de 2023 y 2024 se soporte en buena medida en la administración pública”, señaló Restrepo.
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Un dato que soporta la premisa del académico es que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), a corte de febrero de este año, fue de 1,77%, impulsado, en parte, por el gasto público.
Las actividades primarias (agricultura y minería) retrocedieron 0,96% versus febrero de 2024; las secundarias (industria manufacturera y construcción) bajaron 3,12%; mientras que las terciarias (servicios, comercio o sector público) ajustaron un crecimiento del 3,54%.
Al observar las nueve actividades económicas medidas por el Dane, el sector público, junto con las actividades de entretenimiento, tuvo el mayor aporte al crecimiento económico de febrero, con 1,69 puntos porcentuales, y una variación de 7,63% frente al segundo mes del año pasado.
Restrepo señaló que este comportamiento no es bueno para el Estado, ya que la economía debería ser impulsada por un crecimiento animado por el sector empresarial.
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Esta situación, además, vuelve dependiente el crecimiento económico de la inversión del Estado y se vuelve ineficiente.
¿Qué hay detrás?
Hay una tesis que ha tomado fuerza. Su impulsor es el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Se trata de que el Ejecutivo está consolidando “un ejército de empleados militantes”.
Cárdenas insiste en que el Gobierno no carece de recursos, y que posee el mayor presupuesto de los últimos años; por ende, el problema no es de plata, sino en qué se la está gastando.
Y es que el exministro cree que la inversión en carreteras, hospitales o nuevas instituciones educativas no se está viendo. “El Gobierno está dedicado es a subir sueldos, a crear nuevos cargos como plantas de la Cancillería y Unidad Nacional de Protección, por mencionar dos, o crear nuevas entidades como el Ministerio de la Igualdad, y sin tener impacto y ningún beneficio sobre el ciudadano”, apuntó.
La teoría de Cárdenas va mucho más allá: apunta a que el Ejecutivo está trabajando en consolidar respaldos políticos en sectores sindicales, indígenas y de administración pública, con un solo propósito: conquistar las urnas en las elecciones presidenciales del 2026.
En otras palabras, defiende fielmente la tesis de que el presidente Petro está asegurando votos con la burocracia para que su sector político permanezca en la Casa de Nariño por cuatro años más.
Y uno de sus argumentos es que, pese a la notable necesidad de austeridad, el Ejecutivo no ha querido considerar las recomendaciones de eliminar entidades y recortar el tamaño de programas.
Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, mencionó que si bien una parte del gasto de funcionamiento es inflexible, sí hay unas partidas que están creciendo en gasto, incluso, por encima de lo permitido en términos de transferencias. Es decir, hay un espacio de mayor austeridad.
“Para este 2025 se necesita un recorte de $40 billones. Se explican porque los ingresos cuentan con unas fuentes inciertas como eficiencia en la Dian; son cerca de $28 billones adicionales. No creemos que sea tan alta”, dijo el analista.
El Ministerio de Hacienda ya aplazó cerca de $12 billones tras la caída de la Ley de Financiamiento; por ende, el recorte debería ser de por lo menos $28 billones más.
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Ahora, queda el sinsabor sobre si en verdad se están instrumentalizando los recursos públicos con fines electorales, además de la preocupación sobre la crisis fiscal, ya que muchos analistas estiman que el recorte seguirá siendo sobre la inversión pública y no en funcionamiento, como piden todos los conocedores de la economía.
