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Advierten el riesgo de cambiar técnicos por políticos en la regulación de servicios públicos
Señalan malas experiencias en otros países de América al tomar la misma decisión.
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El desabastecimiento del mercado sería una de las consecuencias a largo plazo. FOTO: ARCHIVO.
El presidente Gustavo Petro anunció ayer que tomará las responsabilidades de las diferentes comisiones encargadas de regular los servicios públicos, basando la decisión en el encarecimiento que han tenido que asumir los consumidores en las facturas.
Aunque en el corto plazo su intervención podría mermar los precios de la electricidad —y demás servicios— los expertos coinciden en que a largo plazo todo ello puede derivar en un desabastecimiento, toda vez que las empresas no podrían operar asumiendo pérdidas si el pago no compensa la labor.
Juan Camilo Restrepo, quien fue el segundo ministro de Minas durante el gobierno de Cesar Gaviria y le hizo frente al apagón de 1992, comentó: “La medida anunciada hoy por el presidente de asumir las funciones de las comisiones reguladoras de servicios es equivalente, por ejemplo, a meter al congelador la Superintendencia Financiera y pretender regular todo lo financiero desde una oscura oficina de la casa de Nariño (...) De manera que a partir de hoy, quedan suspendidas las comisiones (...) Y sus complejísimas funciones (eminentemente técnicas) pasarán a ser ejercidas desde alguna oficina del palacio. Veremos que nos depara este inusual e inquietante panorama”.
Precisamente, Andrés Jaramillo, ingeniero investigador del grupo Energía de la Universidad EIA, recordó que ese apagón fue producto de todas las prácticas de corrupción y la falta de tecnicismo que imperaba para aquella época en el sector de los servicios públicos, especialmente en el energético.
“A raíz de la constitución de 1991 —profundizó— se diseñaron estas instituciones. O sea, todo el esquema institucional se diseñó para que Colombia tuviera uno de los sistemas más modernos del mundo, incluso en consonancia con cosas que estaban pasando en Inglaterra, de abrir el sector eléctrico al mercado. Esto no lo tuvo ningún país de Latinoamérica por muchos años”.
Las comisiones que se encargan de regular los servicios, a juicio del investigador, han cumplido con su finalidad de mantener el mercado abastecido: “Nosotros contamos con una institucionalidad que ha permitido que el país no se apague nunca, incluso con crisis como las que acontecían a finales de los 90, cuando tuvimos los peores ataques a la infraestructura eléctrica”.
“Durante más de 25 años el sector ha funcionado como un relojito y el riesgo que hay es que esa institucionalidad se fragmente y el gobierno se la tome con personas que tienen ni idea de este sector. En algunos países como en Ecuador, El Salvador y en el mismo México, el sector eléctrico se lo han tomado los políticos, gente que no sabe del tema, que es lo que estamos viendo hoy con esa pelea entre la ministra, Irene Vélez, y la viceministra, Belizza Ruiz, la viceministra es una doctora en energía, mientras que la ministra es una filósofa”, enfatizó en profesor.
Y puntualizó: “Claro, el sistema no es perfecto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) necesita mejoras, pero ha sido un organismo eminentemente técnico. Empezar a debilitar a estos organismos al colocar en ellos a personas que no tienen conocimientos específicos sobre el tema es sumamente peligroso”.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), indicó que “asumir la Creg y la Superintendencia de Servicios públicos y tomar decisiones sin tener en cuenta otros argumentos más allá de lo político, es simplemente condenar aún más los servicios y perjudicar a los más pobres”
“Lo que hay que analizar es cómo enfocar los recursos del Estado para que los subsidios ayuden a los estratos más bajos (1, 2 y 3) con la contribución de los estratos más altos (5 y 6). Además, las reformas tributarias y los recursos del Estado deben ser utilizados para mejorar el nivel de vida de las personas que no pueden pagar y no tomar decisiones que puedan perjudicar a un sector que ha funcionado desde 1994”, aseveró.
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