El uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística son algunos de los desafíos planteados en el “Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional”, un capítulo específico con el que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) quiere transformar el sector.
Según el documento, la superación de estos retos será fundamental para lograr reducciones en los costos de transporte y en los tiempos de viaje que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a los servicios y mercados nacionales y extranjeros.
En esa línea, el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019 (que el próximo 6 de noviembre se actualizará por el correspondiente a 2019-2020) señala que uno de los principales factores que afectan la capacidad en términos de infraestructura y logística es la baja productividad en el sector de transporte de carga por carretera.
“A esto se le suma la elevada edad del parque automotor que, después de Nicaragua, es la mayor de América Latina y está lejos de la edad promedio de los países europeos. Tener una flota antigua genera externalidades negativas, incrementa los costos de transporte y disminuye la calidad del servicio prestado”, añade el documento elaborado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Esa entidad también insiste en que esta situación ha conllevado a que transportar mercancías al interior de Colombia resulte más costoso que llevarlas a mercados internacionales, impactando negativamente la productividad de las empresas.
“Por ello es necesario incentivar mayor competencia en el transporte de carga por carretera, liberando los precios de los fletes, modernizando los requisitos para habilitar empresas de transporte y renovando de forma controlada el parque automotor”, recomienda el CPC.
Claves para el desarrollo del transporte
Desde la presidencia de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), Juan Miguel Durán, sostiene que el desempeño de la actividad depende de factores fundamentales para su correcto funcionamiento como el estado de las vías y los costos operativos, en especial el de los combustibles que representa cerca del 35 % de la canasta transportadora.
Para el dirigente gremial, la culminación de las vías de cuarta generación (4G) será de vital importancia para la competitividad del país y para incentivar a las empresas a establecerse en zonas que están siendo desaprovechadas y en las cuales son necesarias la presencia del Estado y el fomento del empleo por parte del sector privado (ver Dicen de...).
Además, Colfecar espera que se cristalice el aval consignado en el PND por medio del cual se aplicaría una reducción del IVA a los combustibles (del 19 % al 5%), para generar un ahorro fiscal que poco a poco se vería reflejado en el precio al consumidor.
La mirada de generadores de mercancías
Clarita María García, directora de la Asociación de Fomento y Seguridad en Distribución Física de Carga (Defencarga), aboga por consolidar el programa de modernización del parque automotor de carga, que permita estimular una oferta adecuada y competitiva, así como mejorar la edad promedio de los vehículos (ver gráfico).
También indica que se pueden establecer incentivos frente a la adquisición de vehículos de Tecnologías Vehiculares Limpias (TVL), los cuales impactan positivamente los niveles de emisión de dióxido de carbono (CO2) y material particulado.
“La Misión Logística que inició su trabajo desde 2016, ha recomendado dos alternativas. Una es la reglamentación de la vida útil. La otra opción está relacionada con el cumplimiento del estándar Euro IV para toda la flota en un periodo no mayor a diez años complementada con otra serie de medidas en términos de innovación y reducción de la congestión en los corredores más importantes del país”, comenta (ver Radiografía).
Modernización marcha sobre ruedas
Mientras el CPC y Defencarga concuerdan en el establecimiento de la regulación que permita contar con una oferta adecuada y competitiva del parque automotor, las grandes empresas del sector ya han dado algunos pasos en ese frente.
El Grupo Logístico TCC adquirió hace un año 82 nuevos vehículos, 12 eléctricos y 70 diésel, destinados a circular en sectores residenciales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Pasto e Ibagué.
La inversión superó los 6.000 millones de pesos y hace parte del compromiso de la compañía con el bienestar de los colaboradores, la optimización de la operación para servicios más eficientes y una significativa contribución al medio ambiente.
Por su parte, EPM indicó a comienzos de este mes que 327 vehículos de su flota operan con gas natural. “Desde 2015 y hasta la fecha, la empresa filial Emvarias tiene 63 camiones compactadores de basura tipo dobletroque que funcionan 100 % con gas natural, al tiempo que EPM presta sus servicios con 264 vehículos que operan con gas natural vehicular, además de poseer 10 vehículos y 12 motocicletas eléctricas”.
A futuro, EPM promete que seguirá renovando su flota con automotores eléctricos, a medida que esta tecnología vaya mejorando su rendimiento para el transporte pesado.
Otra empresa que viene renovando su parque automotor es Cementos Argos, que desde abril, y de la mano de sus aliados estratégicos, Transportempo y Renting Colombia, comenzó la operación de camiones 100 % eléctricos.
A finales de 2018, la cementera se convirtió en la primera compañía en implementar opciones de movilidad sostenible en vehículos de carga en la industria de la construcción en Colombia, con tractocamiones que operan 100 % a gas y camiones mezcladores de concreto con trompos eléctricos.
El impulso que en el mercado nacional está tomando este tipo de transporte se refleja en las cuentas de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) que entre enero y septiembre reportó la venta de 1.674 vehículos híbridos y eléctricos, cifra superior en 302,4 % a los 416 comercializados en los mismos meses de 2018.
Autoridades creadas que aún no operan
El PND reconoce que la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT), cuyas estructuras y funciones fueron aprobadas desde 2014, todavía no han entrado en funcionamiento.
“Las funciones de planeación y regulación se desarrollan aún de manera dispersa entre entidades. Esto limita la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de prestación integral de servicios de logística y transporte”, se anota en el Plan.
Para el CPC mantener en cabeza del Ministerio de Transporte la regulación económica genera conflictos que pueden desviarse de las decisiones óptimas, en la medida en que también es la entidad responsable de la política sectorial, por lo que urge la puesta en acción de la CRIT.
Finalmente, el PND en atención a la tecnología asociada con la infraestructura, apuesta porque el país cuente con un sistema integrado de peajes electrónicos para todo el territorio.
Aunque el Ministerio de Transporte ha impulsado el uso de tecnologías para el recaudo electrónico vehicular, mediante la Resolución 546 de 2018, para que el tránsito por diferentes peajes se pueda realizar con un único dispositivo, que a su vez permita integrar servicios conexos, la tarea esta inconclusa.
