Que el mundo cuente con despensas de alimentos eficientes en el gasto, el uso de recurso y la mano de obra es fundamental, al menos así lo cree el Banco Mundial, organismo multilateral que en el informe “Cosechar prosperidad a través de la innovación y la tecnología en la agricultura” pide que se generen políticas económicas que mejoren los niveles de productividad del sector.
El punto más importante en esa materia parece ser, según el organismo, la urgencia de contar con más empleo formal, pues de acuerdo con el Banco Mundial, “80 % de los pobres de todo el mundo viven en las zonas rurales, y muchos de ellos dependen de la agricultura para obtener sus medios de subsistencia”.
De hecho la misma Organización del Trabajo (OIT) ha calculado que sólo en América Latina unas 52 millones de personas trabajan en el campo, haciendo énfasis en que el empleo para esas personas es vulnerable, entre otras razones, porque los más jóvenes no ven en el campo una oportunidad de crecimiento.
Dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que “la mayor parte de los jóvenes rurales están empleados en la economía informal como trabajadores familiares no remunerados, agricultores de subsistencia, microempresarios del hogar o trabajadores no calificados”.
En países como Colombia el panorama no dista mucho: un 85 % del empleo en el campo nacional es informal, según datos conjuntos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Ministerio de Trabajo.
En entrevista del pasado 2 de agosto Alicia Arango, ministra de Trabajo, le dijo a EL COLOMBIANO que en Colombia los más jóvenes no se interesan por el trabajo rural dadas las pocas motivaciones profesionales y salariales: “Los jóvenes no se quedarán en el campo mientras no encuentren oportunidades. Por eso es necesaria la agroindustrialización y llevar tecnología”.
Precisamente en ese punto el Banco Mundial hace referencia a lo que podría ser una solución escalable y urgente: la inversión en investigación y desarrollo (ID) para el agro.
“En lo que respecta al primer punto, además de asignar más adecuadamente los recursos públicos destinados al sector, el surgimiento de entidades privadas que brindan servicios de ID puede contribuir a consolidar los esfuerzos de los países en esta área. No obstante, esto exige la creación de un entorno propicio que atraiga a tales actores”, apuntó William Maloney para el Banco Mundial (ver ¿Qué sigue?).
Las bondades de ese plan se traducen, según el informe del Banco Mundial, en rentabilidades entre un 30 % y un 40 %. Aunque el trabajo real está en que los gobiernos destinen dinero para ese punto.
“La proporción de los fondos destinados a ID respecto del producto interno bruto agrícola es seis veces más alta en las economías avanzadas que en los países en desarrollo, y la relación ID/trabajador es 50 veces mayor”, recuerda Maloney.
En Colombia precisamente la inversión que se hace en el campo suele ser materia de discusión en cada proyecto de presupuesto general que se presenta ante el Congreso. El más reciente no ha escapado a ese debate.
El plan presentado por el Ministerio de Hacienda para 2020 se estableció en 1,79 billones de pesos (representa el 0,8 % del total de 271,7 billones de pesos), lo que supone una reducción de 148.000 millones de pesos si se compara con el de 2019.
De hecho Jorge Bedoya, presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores (SAC), mostró su preocupación por la reducción del dinero y los problemas que se podrían generar de allí para encontrar las vías de innovación que se requieren para reactivar a ese segmento.
Panorama que entonces va en contravía con lo que pide el Banco Mundial en su más reciente informe. No destinar los recursos que se requieren le generaría al sector más atrasos pues “la tarea de incrementar la productividad agrícola y lograr que los pobres de las zonas rurales se vuelvan más resilientes a las probables crisis es hoy más urgente que nunca”, concluye Maloney .
