Actualmente, en Colombia el 42,5 % de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria, tal como lo reportó el Dane.
La entidad estadística precisó que hubo un aumento en la cifra total de 6,8 puntos porcentuales con respecto a 2019, situación exacerbada por la pandemia y que implicó el anexo de 3,6 millones de personas a este indicador.
Así las cosas, desde algunos sectores políticos y civiles se lanzó la propuesta de aprobar una renta básica con el objetivo de auxiliar a quienes más han sufrido por la destrucción de empleos y los confinamientos, que impiden generar ingresos a aquellos que viven del día a día.
Sin embargo, estas transferencias se plantean en un momento en el que la deuda pública de Colombia supera el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB), monto equivalente a unos $620 billones, y en medio de una presión fiscal ante el deterioro en algunas fuentes de ingreso para el Estado.
Lo anterior sugiere una dificultad para asegurar los recursos y desembolsarlos a las familias vulnerables. Además, se reabre un viejo debate: ¿podrían estos subsidios causar dependencia y desincentivar el mercado laboral?
Algunas luces
En su ciclo de diálogos regionales, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, dijo a este diario que el próximo texto de reforma tributaria buscará unos ingresos permanentes “que permitan sortear programas de inversión social”.
De esta manera, el funcionario dejó la puerta abierta para una eventual continuidad en los giros de programas como Ingreso Solidario, creado durante la crisis sanitaria para respaldar a la población vulnerable no adscrita a ningún otro auxilio.
En este orden de ideas, el jefe de Hacienda sostuvo que este será un elemento importante dentro del nuevo proyecto de recaudo, toda vez que el propósito es “acompañar a los que han perdido el empleo y a las familias que viven de una renta de emergencia”.
¿Hay caja para esto?
De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, una renta mínima no tendría un costo sustancial para el Gobierno y afirmó que, desde este núcleo, se había sugerido una subvención por $140.000 mensuales.
“El costo fiscal de esto podría estar, aproximadamente, en 0,5 del PIB ($5 billones). Ahí proponíamos que se juntaran todos los programas sociales, como una especie de Familias en Acción universal”, dilucidó.
Desde su perspectiva, este amparo monetario no sería tan dispendioso frente a un monto fijado, por ejemplo, por un salario mínimo.
Ese valor –prosiguió– si puede tener un impacto negativo teniendo en cuenta que “el 40 % de la población ocupada en Colombia gana menos de un salario mínimo. No nos debería sorprender que naturalmente una renta de ese tamaño desincentive el mercado laboral”.
Posible impacto
Las consecuencias negativas de otorgar estos auxilios, según el director, dependen de dos variables principalmente, aunque aclaró que la respuesta no puede ser “blanca o negra” en su totalidad.
Primero, y como ya lo había mencionado, el piso de la renta puede incidir en la relajación del empleo si es un valor elevado.
“Con una renta mínima como la que nosotros proponemos, yo diría que es exactamente al revés. Nadie piensa que ese monto es tan alto como para decir que el jefe de hogar no participará en el mercado laboral”, enfatizó.
De otro lado, señaló la incidencia de la duración en el auxilio y precisó que, a mayor prolongación, más difícil sería para las arcas del Estado sostener ese esfuerzo fiscal.
Así las cosas, según sus palabras, “con lo que se está planteando en términos del gasto público este año (un déficit fiscal por el orden del
8,6 % del PIB) uno podría pensar en una renta básica que esté vigente durante este segundo semestre y, tal vez, durante los seis primeros meses del año siguiente. Es decir, una renta mínimo de un año pensando en que a julio del 2022 ya podríamos estar en unas condiciones más normales”.
Más perspectivas
Para Alejandro Torres, docente de economía de la Universidad Eafit, aunque el espacio fiscal del gobierno es limitado (ver paréntesis), sí hace falta aprobar este mecanismo como medida de choque para impulsar la actividad económica y proteger a quienes más lo necesitan.
Desde su óptica, la aprobación se hace más viable entendiendo que no se trata de un subsidio universal (total de la población).
“Estamos hablando de una renta básica muy focalizada y esa es la primera discusión que se debe dar: ¿a quiénes en realidad podrá cubrir?”, agregó. También argumentó que “debería orientarse a atender a la población en pobreza extrema y, en la medida de lo posible, comenzar a vincular hogares en pobreza”.
Paralelamente, defendió la imposibilidad presupuestal para pensar en que este sea un programa de largo aliento e hizo hincapié en la necesidad de complementarlo con una política ambiciosa de empleo que “efectivamente permita a estas personas vincularse al mercado laboral”.
Con respecto a la posible merma en la tasa de participación en el trabajo, adujo que estudios recientes muestran alta satisfacción de los beneficiarios sin generar inactividad productiva.
Nuevos recursos
Al ser preguntado sobre este tipo de subsidio, Mauricio López, director del grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, lo consideró viable si se piensa “en una renta básica que progresivamente vaya incorporando a más beneficiarios, iniciando con los más vulnerables”. Incluso, desde su punto de vista, sería más factible “si pensamos en que no sea una renta básica asociada a personas sino a hogares”.
“Ciertamente se requiere buscar algunos recursos adicionales a los que tenemos, esto con base en una reforma, pero también hay que ajustar un poco las cuentas del Estado a través de un recorte en gastos de funcionamiento”, apostilló el académico.
Por su parte, Raúl Ávila, profesor adscrito a la facultad de economía de la Universidad Nacional, remarcó que este subsidio debe llegar, al menos, a unos siete millones de hogares y “eso tendrá unas implicaciones fuertes”.
“Debe pensarse si esta renta básica sería un sustituto de los otros subsidios y para que sea sensata, debe concebirse en función del tamaño de cada hogar. Hay que buscar la apropiación presupuestal para poderlo tener”, puntualizó.
21
millones de personas, según el Dane, están en situación de pobreza en Colombia.
5
millones de hogares, según Fedesarrollo, deberían ser los primeros en tener renta básica.
