A 75 días de haberse presentado el primer texto del proyecto de reforma tributaria por parte del gobierno de Gustavo Petro la discusión de esta iniciativa, que originalmente apuntó por un recaudo de $25,88 billones, se mantiene para estar lo más cerca posible de ese número.
Para el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la cifra final sigue siendo negociada impuesto por impuesto: “Nosotros bajamos de los $25 billones para tener en cuenta las preocupaciones de distintos sectores productivos”, comentó el funcionario, al reconocer que el recaudo sí podría estar por debajo de esa cifra.
El cuello de botella, según Ocampo, tiene que ver con las modificaciones impositivas que se intentan establecer para los sectores de petróleo y carbón. “Para bien de esas industrias (ahora) estamos proponiendo que el impuesto capte una parte del beneficio que se obtiene por los altísimos precios internacionales”.
Por el momento la fórmula está en construcción y en las conversaciones recientes el ministro escuchó a los administradores de Ecopetrol e incluso al presidente de la multinacional Drummond, en Washington.
Mientras se alcanza un consenso, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, sostuvo que esta reforma tributaria tendría un profundo efecto en la inversión futura. “No van a existir compañías que quieran invertir en Colombia tal y como está planteada esta propuesta. La tributación pasaría a hacer la más alta de la región comparada con los países de la Ocde”, manifestó el dirigente gremial, en un evento académico realizado ayer por el diario El Heraldo, en Barranquilla.
Bancadas
Parte de la clave para sacar adelante la propuesta está en la sumatoria que el gobierno obtenga en el Congreso, es decir cuántos senadores y representantes le darán respaldo al texto para que se convierta en una ley, dado que colectividades como el Partido Liberal que en algún momento acompañaron la idea ahora parecen estar bajándose de ese bus. “Negociaremos con los parlamentarios liberales”, añadió Ocampo, quien se declaró confiado en que la reforma tendrá el respaldo suficiente.
A comienzos de la semana el expresidente César Gaviria cuestionó la reforma señalando, por ejemplo, que se reducen sustancialmente los beneficios por ahorro en fondos de pensiones, intereses para adquisición de vivienda y la renta exenta del 25% a que tienen derecho las personas naturales.
“Resulta inequitativo y desproporcionado que mientras a una persona con un ingreso mensual de $30 millones se le eleva la tributación en un 57%, para una persona con ingreso mensual de $500 millones la elevación en la tributación es de tan solo un 2,1%”, fue otra de las críticas hechas por el exmandatario, (ver Para saber más).
Incertidumbre
Desde la óptica del tanque de pensamiento Anif, que lidera Mauricio Santa María, del primer proyecto, que se radicó en agosto, muchas cosas han cambiado, empezando por la meta de recaudo que, según sus cálculos, pasó de $25 billones de pesos a $22 billones.
“La presente reforma fracasa en el propósito de ampliar la base gravable, lo cual perpetua el desbalance del sistema tributario entre lo que contribuyen las personas jurídicas y las personas naturales. Sumado a esto, se eliminan diversas exenciones en varios sectores, pero no se modifica la tasa de renta para las empresas, lo que genera una carga significativa sobre este grupo en particular”, se lee en el informe publicado ayer “Incertidumbre en el país añade dificultades a un panorama económico complejo”.
En la misma línea se expresó la calificadora de riesgo canadiense DBRS Morningstar al considerar que el proyecto de reforma que alcanzaría una recaudo de $21,5 billones tiene inconvenientes y deja algunos desafíos fiscales sin resolver.
“Al enfocarse en impuestos corporativos y patrimoniales más altos en lugar de ampliar la base imponible de los individuos, la reforma mantiene la ya elevada carga fiscal sobre las empresas, lo que podría afectar negativamente a la inversión”, anotó la evaluadora.
Adicionalmente, estima que la reforma no recauda fondos para financiar otras promesas de gasto de Petro, como un ingreso básico universal, empleos públicos para los desempleados, o ampliar el acceso a las pensiones, por lo que esas medidas tendrían que ser compensadas por ingresos adicionales o recortes de gastos para cumplir con los objetivos de déficit.
