¿A la reforma tributaria se le está enredando el camino en el Congreso?

Partidos que se sumaron a coalición del Gobierno piden recortes en puntos claves del proyecto. El recaudo podría reducirse a menos de $20 billones.

Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado, y Katherine Miranda, presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, son dos de los congresistas que buscan sacar adelante la tributaria en el Congreso. FOTO COLPRENSA

Diego Andrés Vargas Riaño

21 de octubre de 2022

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El Gobierno del presidente Gustavo Petro causó sorpresa porque tan solo un mes después de iniciar consolidó una “aplanadora” en el Congreso tras adicionar al Partido Conservador, el Liberal y “la U”, al Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Comunes como bancadas a su favor.

Una jugada clave para sacar adelante la reforma tributaria, que es la piedra angular para el cuatrienio de Petro en tanto le dará buena parte de los recursos que requieren sus proyectos sociales y ayudará a mitigar el hueco fiscal que quedó tras la pandemia, de cerca de 7,1% del PIB. Esto, gracias a un recaudo adicional de impuestos de $25 billones al año.

Aunque todo parecía ir en orden e incluso el Gobierno tuvo que bajar sus pretensiones en $3 billones tras los diálogos con empresarios, gremios y parlamentarios, la “aplanadora” empezó a tener fallas técnicas, fundamentalmente por una razón: la reforma le está generando dudas a los declarados partidos de Gobierno, mientras el sector privado subió el tono en contra de la misma.

El caso más vistoso es el de los liberales, quienes habían advertido en el primer debate de la tributaria que no se prestarían para votar la propuesta para gravar pensiones de más de $10 millones, pero ahora parece que los desacuerdos van más allá.

“Yo no sé cómo se les ocurrió, esto no tiene un artículo para defender, ni uno; no hay un solo artículo que uno diga ‘esto hay que pelearlo’, nada, no hace sino daños y daños y daños”, dijo el director del Partido Liberal, César Gaviria, durante una reunión de esa fuerza política.

El partido socializó un documento en el cual controvierte 11 puntos de la reforma tributaria, entre ellos la mencionada propuesta pensional; el aumento del impuesto de renta para las empresas mineras y petroleras; y los ajustes en el impuesto al patrimonio.

Así las cosas, la bancada liberal, en cabeza de Gaviria, considera que la reforma debería bajar el recaudo estimado de $22 billones a $13 billones y desde ayer empezó a moverse en esa dirección, tras una reunión con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. El lunes habría un nuevo encuentro entre miembros de la colectividad para definir su posición.

¿Y conservadores y “la U”?

Por su lado, si bien el Partido Conservador no ha hecho pronunciamientos oficiales, algunos de sus parlamentarios han develado cómo se moverán de cara a los debates finales de la tributaria. El senador Efraín Cepeda, por ejemplo, avanzó que se debe atenuar la sobretasa al sector minero energético y hay que discutir a fondo la viabilidad del impuesto a las pensiones, una línea que comparten varios de sus compañeros.

Además, un grupo de congresistas conservadores encabezados por el representante Luis Miguel López busca reunir fuerzas con otros parlamentarios para bajar de la reforma el impuesto de renta del 20% a las actividades económicas de las iglesias

Por su lado, la bancada de “la U” le puso la mira a cinco puntos: el gravamen a las pensiones; la disminución de incentivos a las donaciones de alimentos; los cambios en el régimen de zonas francas; la exclusión de profesionales liberales del Régimen Simple; y el aumento en la tarifa de renta firmas de hidrocarburos (ver Informe).

Previniendo que la tributaria llegue a enredarse tanto que al final peligre, el Gobierno sigue abierto a escuchar y analizar las cientos de proposiciones que están llegando.

Pensando en la votación en plenarias, el Ejecutivo hace cuentas con que el proyecto está encaminado. De 108 curules en el Senado habría 53 votos a favor, 13 en contra y los restantes 42 son independientes; mientras en Cámara de Representantes, de 188 curules, las cuentas respectivas son 100, 17 y 71.

En caso de que los partidos que se han adherido a la coalición decidieran retirar su apoyo el panorama se complicaría. Los liberales representan 33 votos en Cámara y 14 en Senado; los conservadores, 26 y 15, respectivamente; y “la U”, 16 y 10.

¿Pero podría darse ese escenario? El investigador económico Luis Fernando Ramírez analiza que es difícil pensar en que estos partidos retiren todo el apoyo a la reforma, no obstante, con los ajustes que piden el recaudo podría bajar a $12 billones o $13 billones.

“Creo que el tema pensional no irá, lo que recaudaría es muy poquito frente al ruido que puede generar”, dice el experto, quien además plantea que podría haber cambios en los impuestos planteados para el sector minero energético, lo que a la larga derivaría en una “peluqueada” importante.

Privados suben la voz

El otro frente que está atendiendo el Gobierno en esta puja por su reforma es con el sector privado. Después de un inicio con bastante diálogo que tuvo el presidente Petro con los líderes gremiales, las cosas han cambiado, sobre todo tras el primer debate de la tributaria.

“Tenemos un inmenso riesgo de tener una recesión en Colombia (...) y adicionalmente tenemos el riesgo de inflación (...) la reforma tiene que minimizar el riesgo de que Colombia caiga en una crisis mayor (...) el texto que conocemos en este momento, en nuestra opinión, nos genera un riesgo inmenso de profundizar la crisis”, apuntó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

A este se han sumado los llamados desde Fenalco o de las asociaciones colombianas de Petróleo y Minería para ajustar la reforma, y hasta del Consejo Gremial, que pidió al Gobierno defender el diálogo respestuoso, tras las críticas de funcionarios a las apreciaciones de Mac Master.

Fiel a su estilo, ayer en un tono de calma el ministro Ocampo dijo que ha tenido diálogos fructíferos con las bancadas de Gobierno para sacar adelante la reforma. Además, insistió en que el “Gobierno tiene un compromiso con la estabilidad macroeconómica”.