El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015, por medio del cual se fijó el salario mínimo legal para este año en 689.455 pesos.
Entre las pretensiones de la demanda, el Ministerio Público espera que el tribunal le ordene al Gobierno que expida un nuevo decreto que establezca un reajuste salarial que garantice el poder adquisitivo de las personas y las familias que viven de esta remuneración.
El aumento del salario mínimo fue del 7 por ciento, es decir que tuvo incremento de 45.104 pesos mensuales, con respeto a los 644.350 pesos en que estuvo durante 2015.
Aunque el incremento del salario mínimo fue superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año anterior (6,77 por ciento según el Dane), algunos sectores sindicales alegan que este fue menor a la variación porcentual observada de la inflación en los estratos bajos que en 2015 se ubicó en 7,26 por ciento.
Hace poco, la CGT dijo que su equipo jurídico estudiaría la posibilidad de instaurar una demanda, siempre y cuando hubiese una posibilidad real de ganarla.
Preparan protestas
Por su parte, organizaciones estudiantiles y sindicales afinan detalles para la movilización y concentración en las principales ciudades del país convocada para el próximo domingo, 24 de enero.
Son cinco peticiones las que el Gobierno tendrá sobre la mesa y que, básicamente, se dirigen a mejoras en el ingreso de los trabajadores, en el sistema de salud, en la eventual reforma tributaria y saldrá a relucir hasta la venta del 57,6 por ciento de las acciones de la Nación en Isagén.
En diálogo con el diario La República, Gregorio Mejía, directivo de la Unión Sindical Obrera (USO), manifestó que “la intención de esta expresión ciudadana es la defensa de lo público y de las empresas como Ecopetrol, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Acueducto de Bogotá y la defensa de los recursos naturales como el agua”.
De acuerdo con Mejía, el grupo coordinador de esta movilización tiene programadas otra serie de actividades en el transcurso del año.
“Queremos que las decisiones que afectan a las personas sean discutidas y no que se impongan a través de las leyes que se firman en el Congreso de la República. Lo cierto es que si no logramos la atención del Gobierno estaríamos convocando a un paro cívico nacional”, explicó.
