Por vicios de legalidad y alto costo fiscal, el presidente Juan Manuel Santos y su consejo de ministros decidieron ayer que se objetará el proyecto de ley que reduce la cotización en salud de 1,42 millones pensionados del país de 12 % a 4 %, y confirma lo publicado por este diario el 26 de mayo pasado.
La decisión enterrará la conciliación de la iniciativa que fue aprobada al final de la tarde de ayer en el Senado por 59 votos a favor, mientras decenas de jubilados aplaudían y celebraban en las barras del Congreso.
El Ministerio de Hacienda, en los últimos debates de la propuesta advirtió que esa reducción costaría 2,3 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, monto que no está contemplado y atenta contra la Ley 819 de 2013, de responsabilidad fiscal.
También la objeción alegaría vicios de inconstitucionalidad, pues al ser un tema de tributos no cuenta con el aval del Gobierno e “incluye una medida regresiva que no prevé una fuente sustituta de recursos”, como se lee en uno de los conceptos jurídicos del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, el vicepresidente de la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), Jesús Mendoza Vargas, considera que el argumento fiscal no tiene validez y recordó que la reducción de aportes es una promesa de la campaña presidencial de Santos.
“El mismo Gobierno ha dicho que 28 billones de pesos que estaban destinados a la guerra, ahora con el acuerdo de paz, se destinarán a lo social y nosotros somos gente, no carga fiscal”, reprochó el representante de los jubilados.
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