“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios está facultada legalmente para inspeccionar y vigilar detalladamente todos los recursos financieros y tarifarios que han entrado a las empresas generadoras por concepto del Cargo de Confiabilidad y no es de recibo que argumente lo contrario”.
Así fue el jalón de orejas que dio ayer el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, a la superintendente Patricia Duque Cruz.
En un comunicado, la Superservicios adujo el lunes pasado que la Resolución 071 de 2006, que dio vida al Cargo por Confiabilidad, “no establece función a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para vigilar los ingresos que reciben los generadores térmicos que ofrecieron obligaciones de energía en firme”.
Pero Maya precisó que la Superintendencia debe solicitar a los generadores de electricidad los soportes de las inversiones que han hecho con esos recursos. Le recordó que puede hacer vigilancia preventiva, visitas de inspección, aplicar sanciones, exigir correctivos y compromisos para subsanar problemas detectados, entre otras medidas.
Cabe recordar que el llamado cargo por confiabilidad ha sido el detonante para cuestionar el alza de hace tres semanas, de 7 pesos en el kilovatio-hora, durante los próximos 36 meses en las tarifas de energía que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales que atiende el mercado regulado.
De esa manera, el Gobierno salió a reducir las pérdidas financieras que tienen que asumir las empresas con plantas termoeléctricas. Esto se debió a la falta de suministro de gas en el país, tener que usar combustibles líquidos más caros y la activación de precio de escasez en la Bolsa de Energía por efecto indirecto del fenómeno El Niño.
Por ahora, la Superservicios anunció el jueves que abrió investigación a Termocandelaria por “declararse indisponible”, al verificar que está apta para generar. En el país operan otras 31 térmicas, según la entidad.
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