La presencia en el país durante las últimas décadas de los grandes carteles de la droga y de inusitadas manifestaciones de la criminalidad organizada, con sus hordas de ejércitos privados y grupos armados que invocan ideologías borrosas, no solo ha sacudido todas las estructuras de la organización social al arrasar con los pocos vestigios de democracia existentes sino que, también, lo ha hecho con la administración de justicia con sus secuelas de corrupción, destrucción y aplastamiento de los más caros valores aseguradores de la convivencia civilizada, todo ello a nombre de designios en cuya virtud se quiere imponer un nuevo orden, manchado de dólares y sangre. Dentro de ese derrumbe, la más lastimada es la justicia penal en cuyo interior se...