A cuatro días de terminar su mandato, a través del Ministro del Interior, el Gobierno del Presidente Santos expidió la Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018 por la que se adoptó el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”. Fundamenta la decisión en las facultades conferidas por el inciso 1° del artículo 208 de la Constitución Política y los artículos 61 de la ley 489 de 1998 y 6 del decreto ley 2893 de 2011.
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