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España se parece cada vez más a Venezuela. Y no solo por la cantidad de emigrantes caribeños acogidos a este lado del Atlántico -sobre todo en Madrid, donde ya hay hasta peleas en restaurantes de moda como Amazónico entre “bolichicos” y antichavistas-, sino por los modos de ambos gobiernos. La polémica por el rescate de 53 millones de euros concedido por Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra ha desatado la polémica en el sector aéreo. Dos son los motivos. El primero, la titularidad de la compañía. El accionariado de Plus Ultra, creada en 2011 por dos exdirectivos de la quebrada Air Madrid, está mayoritariamente en manos de empresarios venezolanos, algunos con muy buenas conexiones con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, el 52,5 % de su capital es de titularidad caribeña, según me reconoció hace unos días el propio presidente de la aerolínea, Fernando García Manso.
Para empezar, un 45 % está en manos de Snip Aviation, una empresa radicada en Madrid propiedad de la esposa de Rodolfo José Reyes Rojas. Aunque la mujer de este empresario venezolano dispone de pasaporte y residencia española, Reyes Rojas es quien administra el patrimonio como representante de Snip Aviation. Otro 14,5 % del capital de la aerolínea se encuentra también en manos de accionistas extranjeros. Un 7,5 % de esa participación es de otro empresario venezolano y un 7 % está en manos de un accionista de origen mexicano.
Rodolfo José Reyes Rojas dispone de más empresas en España, algunas vinculadas al sector agroalimentario, con quien comparte cargos junto a Raif El Arigie. Este empresario está vinculado a su vez con Camilo Ibrahim Issa, propietario de centros comerciales en Venezuela y comercializador exclusivo de un gigante textil global en el país caribeño. Ibrahim Issa dispone de línea directa con el Gobierno venezolano, por lo que habría llegado a estar en el radar de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
«No somos una empresa venezolana, somos una empresa 100 % española», me explicaba el presidente de Plus Ultra. «El 80 % de nuestro accionariado pertenece a personas físicas españolas o a empresas españolas», se defendía García Manso, en referencia a la sede social de las mismas, caso de Snip Aviation, con domicilio en una noble calle madrileña próxima al parque del Retiro.
El segundo de los motivos que han levantado polvareda es el hecho de que la compañía –con menos de 345 empleados fijos– arrastre números rojos desde antes de la pandemia. En concreto, Plus Ultra no ha dado beneficios en ninguno de los ejercicios en los que lleva operando. En 2018, las pérdidas ascendieron a 9 millones de euros y en 2019, a unos 6 millones. El pasado año estaba marcado como el primero en el que el grupo preveía cuadrar sus cuentas y presentar un ebitda positivo. Sin embargo, las únicas operaciones realizadas el pasado ejercicio se circunscriben a vuelos de repatriación de venezolanos, de cubanos desde África o incluso de alemanes desde Cuba. La compañía mantiene toda su operativa cerrada y sus dos aviones en propiedad son pasto del desguace.
El Gobierno social-comunista español defiende que se trata de un rescate estratégico y que la aerolínea es solvente y tiene futuro. Las pruebas indican lo contrario. Tal parece un pago de favores a algunos “amiguetes” venezolanos muy bien conectados, desde Caracas a Madrid, pasando por Panamá. Un “remake” de “Aterriza como puedas”, aquella gloriosa película cómica de los años 80 que, para más sorna, se paga a cuenta de todos los españoles
