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La tal minga indígena del Cauca, hace años no es más que una banda de cuatreros completamente politizada (ya vimos en acción los empantanados “Ferragamo” del líder político de sus afectos), e infiltrada por diferentes grupos al margen de la ley (Farc y Eln), a la que se le volvió costumbre tomarse violentamente la vía Panamericana, para extorsionar al gobierno de turno y conseguir réditos políticos y prebendas de toda clase, so pretexto de ser aborígenes y, por ende, únicos y verdaderos dueños de este país.
Una muchedumbre violenta, provista de capuchas, machetes, explosivos, armas de fuego, piedras, etc. que año tras año secuestra, asesina y hiere uniformados, roba tierras, destroza e interfiere vías, ataca, saquea, e incinera automóviles, camiones, buses de servicio público, etc., que está adiestrada y financiada para permanecer indefinidamente causando incalculables perjuicios a todo el país.
Lo que estamos viendo y que está padeciendo cruelmente el sur del país, no es una protesta social y, mucho menos, pacífica. Lo que está ocurriendo en el Cauca es una asonada muy grave y como tal debe ser controlada.
Ese levantamiento no tiene otro propósito distinto a la desestabilización y el debilitamiento del gobierno del presidente Duque, tal como lo anunció la oposición que encabeza el exguerrillero Gustavo Petro (sí, el del famoso video en el que guarda grandes fajos de billetes en bolsas), desde el momento mismo en el que perdió las elecciones y anunció que: “nuestro papel como senador será el eje fundamental de un movimiento que no se va a ir a dormir a la casa sin movilizarse permanentemente, para dirigir un pueblo que debe mantenerse activo, movilizado”.
La mayoría de colombianos que elegimos al presidente Duque, le hemos apoyado en su decisión de no hacer presencia en la zona, sino por intermedio de su ministra del Interior, la señora Nancy Patricia Gutiérrez, quien ha permanecido en el lugar de los hechos, dispuesta al diálogo por casi 20 días.
Sin embargo, creemos que ya se llegó la hora de proceder y acabar con esa vagabundería.
El presidente Duque, tiene la obligación constitucional de retomar por completo la vía Panamericana, para liberar del yugo de los brutales “mingueros”, esa importantísima región del país.
Porque muy por encima de las demandas, sensatas o alocadas, justas o injustas, que está haciendo ese grupo minoritario, está el restablecimiento del orden constitucional nacional, la protección y bienestar de los cientos de miles de habitantes de esa extensa región nacional.
Tarea difícil la que tiene nuestro presidente Duque para retroceder ese nefasto legado de ilegalidad, corrupción y desinstitucionalidad, que nos dejó ese gobierno en el que mientras más mal se obrara, más se conseguía, en el que todo, hasta un premio Nobel de Paz, era susceptible de compra.
