De manera un poco extraña comienzan a acumularse demandas o la intención de ellas por decisiones de las cortes sobre la protección al medio ambiente.
El carrusel podría costarle al país cientos de millones de dólares por decisiones contraproducentes y contrarias a la legislación ambiental.
No solo el sonado caso de Caño Cristales. La Corporación Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge había entregado licencia para un puerto carbonífero en la bahía Cispatá, en área protegida por la riqueza del manglar.
Ante el alboroto, ambas licencias fueron revocadas y se abre la posibilidad de demandas jugosas, como la que presentarían empresas foráneas por no habérseles permitido la actividad minera en área protegida de la región amazónica. Sería por...
