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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 24 de noviembre de 2021

Carta a António Guterres

Bienvenido a Colombia, país que conmemora cinco años de los Acuerdos de La Habana con 298 asesinatos, 69 tentativas de homicidios y 25 desapariciones de firmantes de las desmovilizadas Farc.

Desde el 7 de agosto de 2018 se vaticinó este luto. El presidente Iván Duque, leal a su partido Centro Democrático y a su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, se empeñó en seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En 2019, la Corte Constitucional dio fin a sus pretensiones.

Tierras, seguridad y memoria son, tal vez, las mayores fragilidades de este lustro. Y lo son por la mala fe del Gobierno, por funcionarios que desde cargos estratégicos obstaculizan procesos.

Sobre el primer punto, dice Camilo González Posso, presidente de Indepaz: “Se han bloqueado transformaciones centrales de lo acordado como reforma rural integral, no se ha cumplido con la entrega de tierras, ni con la aprobación de las zonas de reserva campesina, ni con el fortalecimiento de la economía campesina y étnica”.

Por ejemplo, en diciembre de 2018, Reina Hernández encabezó la Dirección Territorial Urabá de la Unidad de Restitución de Tierras... ¡después de haber representado a empresarios con intereses en un megaproyecto en predios solicitados en restitución!

En cuanto a los asesinatos, la JEP ha citado a ocho audiencias a entidades del Gobierno encargadas de la seguridad de los excombatientes: la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía y la Consejería para la Estabilización, entre otras, han sido inferiores a este momento histórico.

Hoy la memoria es la gran batalla. El Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad transitoria encargada de sacar adelante el Museo de la Memoria del conflicto armado, está a cargo de un negacionista, Darío Acevedo. Dos de las colecciones del Museo están con medidas cautelares de la JEP por el irrespeto al pacto de concertación con las víctimas.

Escribo esta carta como ciudadana, periodista desde hace veinticinco años: he seguido los Acuerdos en la ciudad y en los territorios. Antes de la firma, aterricé en Cartagena en un avión colmado de pasajeros con camisas negras. Aquella aterradora evocación de las milicias de Benito Mussolini acudió para apoyar las manifestaciones del “NO” al plebiscito, promovidas por el expresidente Uribe y Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.

La actual campaña presidencial ambienta dicha polarización y le hace amagos a la guerra, tan efectivos electoralmente para la derecha colombiana.

Ahora, más que nunca, Colombia requiere de la comunidad internacional su observación, experiencia y generosidad. ¿Cuál será la suerte de los 12.920 reincorporados que luchan en los territorios para integrarse como ciudadanos con todo en su contra (guerrillas, paramilitares, disidencias y un gobierno adverso)? La UNP tiene hasta este 31 de diciembre para clarificar 101 solicitudes no resueltas de protección a desmovilizados.

Mientras Duque se regodea más allá de nuestras fronteras con la paz que ha resquebrajado con denuedo, el consejero Emilio Archila le da a usted la bienvenida con una columna en El Tiempo: “En el mundo se han dado muchos procesos de paz que se extinguen durante los primeros cinco años por la falta de compromiso y otras razones. El nuestro superó su prueba de fuego”.

Falso. Esta persiste: la paz apenas sobrevive en este gobierno.

Gracias por su presencia 

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