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Las Constituciones latinoamericanas son producto de la fragilidad con que han surgido nuestras Repúblicas. Son Constituciones extensas, reglamentarias, inestables, productos de una sociedad heterogénea y desarticulada, con amplios sectores en exclusión y con la firme creencia de que lo que no se regule a través del texto constitucional, probablemente no sea objeto de regulación posterior, pues se considera que ninguno de los órganos de poder tiene vocación nacional, sino que actúan de acuerdo con intereses particulares de sectores o de clase.
Bajo estos parámetros se desarrolla otro concepto bastante repetido, que consiste en creer que los problemas de la sociedad civil se tienen que solucionar a través de la denominada sociedad política, es decir, las estructuras del Estado, y éste, mediante sus órganos competentes, siempre ha considerado que la forma de participar en la solución de los problemas sociales es a través de grandes o pequeñas reformas constitucionales.
De esta manera, cada Constitución o reforma constitucional surge, quizás falsamente, como el instrumento único e idóneo para resolver los conflictos de convivencia, lo que es una utopía, razón por la cual, muy pronto, cuando los distintos actores de la sociedad se percatan de que sus problemas no se resuelven únicamente a través de normas constitucionales, inevitablemente pierde legitimidad como instrumento para la solución de conflictos.
Sin embargo, de manera increíble, aunque curiosa, con el transcurso del tiempo y el resurgimiento de conflictos, la sociedad pronto vuelve a pensar que la mejor forma de solucionar los problemas sociales es a través de una nueva Constitución. Este repetido proceso se vivió, por ejemplo, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay, para la expedición de sus Cartas Políticas a partir de 1992.
Los movimientos sociales y políticos en Chile, que tuvieron su máxima expresión en las manifestaciones de octubre y noviembre de 2019, dieron a entender que existía un gran desajuste social que era necesario enfrentar y solucionar. A partir de ese momento, siguiendo la lógica constitucional que hemos descrito, comenzó a gestarse un gran movimiento nacional, concertado entre sectores sociales, gremiales, académicos, sindicalistas y políticos, con una sola consigna: la necesidad de expedir una nueva Constitución, instrumento indispensable para el reencuentro social, económico, político y vivencial de los chilenos.
Bajo el principio de que es necesario impulsar la democracia participativa, se ha iniciado un camino bastante complejo para la expedición de un nuevo texto constitucional, en tres momentos: 1. Se citó la ciudadanía a través de un plebiscito para convocar una Convención que elabore Constitución Política, (especie de Asamblea Nacional Constituyente). 2. Mediante un proceso electoral en el que participarán todos los partidos políticos y otras fuerzas no partidistas o apolíticas, se conformará la Convención Nacional Constitucional Paritaria, con su correspondiente número de integrantes y términos para deliberar y aprobar la nueva Constitución, sin usurpar las competencias de los poderes constituidos. 3. Una vez aprobada la Constitución, se someterá a ratificación por parte de la ciudadanía mediante otro referendo.
¿Es un ejemplo a seguir? .
