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Que un terrorista, criminal de lesa humanidad, narcotraficante, asesino, secuestrador, reclutador de menores, etc., se haya posesionado como congresista no es ninguna novedad, puesto que aquí ya teníamos legislando nueve de esos hampones de las Farc, que recibieron curules como parte de pago por haber firmado el papel ese que permitió a Juan Manuel Santos hacerse al Nobel de Paz.
Lo que sí es una noticia de repercusión mundial y, dicho sea de paso, que nos genera indignación, infinita vergüenza y un profundo dolor de patria, es que un terrorista como Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, acusado por el delito de tráfico de drogas en 2018 y que actualmente está solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, con testigos y pruebas irrebatibles en su contra, que desde hace meses debería estar preso y judicializado, se haya posesionado el pasado martes como congresista, con la anuencia de las distintas Altas Cortes de la justicia colombiana por donde desfiló su caso.
Grave mensaje para el mundo, sin duda, con consecuencias funestas que no se harán esperar, como por ejemplo, la posible descertificación por parte del gobierno estadounidense, que en términos económicos nos afectaría duramente.
Sin embargo, más sombrío y preocupante es el mensaje que da a los colombianos.
Todos esos desafueros, esos yerros y esas retorcidas interpretaciones jurídicas que van en contravía de la razón, que hemos venido padeciendo en el último tiempo, ratifican la insondable y peligrosa descompostura en la que se encuentra esa rama del poder público.
Ahora bien, si reparamos, además, en esa especie de amenaza que hiciera el fanático irrestricto de los narcoterroristas de las Farc, senador de rancia izquierda Iván Cepeda Castro, el miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras congresistas de prácticamente todos los partidos expresaban abierto rechazo ante la presencia del narcoterrorista “Santrich”, cuando subió al estrado para advertir, insisto, con un tonito entre intimidante y premonitorio, que si la Corte Suprema de Justicia “tomaba ciertas decisiones”, estas “tendrían que acatarse”, el panorama es francamente aterrador. Estaríamos, entonces, sometidos a una dictadura judicial.
La situación es tan delicada, llegamos a un punto tal, que el problema ya no radica en las barbaridades y los atropellos de los narcoterroristas de las Farc y del Eln con su extensa, cuidadosa y estrecha red de apoyo infiltrada en las distintas instituciones nacionales (Justicia, Congreso, universidades, institutos descentralizados, medios de comunicación, etc.), el problema serio ahora está en lo que estamos dejando de hacer los colombianos de bien, que al fin y al cabo, somos la inmensa mayoría.
O nos sacudimos o nos sacuden, tal como les pasó a nuestros vecinos venezolanos.
¿Ciego “Santrich”? No. Ciegos los colombianos que no vemos cómo, en nuestras propias narices, nos están arrebatando el país.
