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La Comisión de la Verdad es un componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —ahora denominado Sistema Integral de Paz— creado por el Acuerdo de La Habana entre el Gobierno colombiano y las Farc-Ep, pero es el que tiene el período de existencia más corto —termina en junio de este año su mandato— y tiene previsto entregar su informe final el 28 de junio, justamente, una vez haya concluido la elección presidencial, y, en esa medida, sustrayéndolo del debate electoral y la inevitable polarización que el mismo conlleva.
La Comisión de la Verdad es un organismo extrajudicial —es decir, de lo dicho en ella no se puede derivar ningún proceso judicial contra nadie—, conformada por once comisionados y presidida por el padre jesuita Francisco de Roux —un incansable trabajador por la paz en nuestro país en muchos escenarios, tanto académicos como de apoyo a comunidades de pobladores en regiones con alta conflictividad, como el Magdalena Medio—, lo que le garantiza un nivel de credibilidad en la seriedad de su trabajo. Esta Comisión tiene una tarea estratégica en la perspectiva de cerrar el conflicto armado, contribuir a construir un relato acerca de los factores asociados a la problemática del conflicto armado y avanzar en lo posible en conocer la verdad de lo que pasó y por qué en casos regionales o frente a afectaciones significativas a víctimas.
La Comisión de la Verdad fue noticia la semana anterior por el lamentable retiro por renuncia de uno de sus comisionados, el mayor (r) Carlos Ospina, quien, al igual que los demás comisionados, venía adelantando su trabajo con seriedad y compromiso. Pero, más allá de la discusión acerca de las motivaciones de su retiro, este, seguramente, será un “ruido” que podrán usar aquellos que quieran poner en entredicho el informe que debe presentar la Comisión.
El informe final de la Comisión de la Verdad —junto con sus anexos—, sin duda, será un documento serio, ponderado, que trate de recoger la diversidad de voces en relación con el conflicto armado, sus causas, efectos, degradaciones e impactos. Por ello será muy importante contribuir a su divulgación —como, con seguridad, lo van a hacer múltiples organizaciones de la sociedad colombiana—, porque debería ser un elemento pedagógico para la comprensión de lo que vivió la sociedad colombiana durante el último medio siglo, pero, igualmente, una herramienta que contribuya a mirar hacia adelante en términos de reparación y reconciliación —otra de las tareas misionales de la Comisión—.
Pero, claramente, como todo producto humano, también puede ser objeto de controversia —no se trata, como dirían los católicos, de ser “palabra de Dios”—; lo que esperaría es que sea acogido con seriedad y respeto —por el actual gobierno y el nuevo y por la sociedad colombiana en su diversidad— y que si surgen opiniones que se aparten de lo allí planteado, pueda hacerse una controversia respetuosa con el informe. Porque no es fácil, más allá del riguroso y serio trabajo que están haciendo los comisionados y sus equipos asesores, que se logre incorporar en los distintos temas la diversidad de miradas y, especialmente, de interpretaciones sobre los diversos hechos que estuvieron asociados con el conflicto armado. Claro, estas son apreciaciones especulativas, por cuanto solo hasta finales de junio conoceremos dicho informe; luego de leído y analizado, podremos formular apreciaciones con mayor sustento. Por el momento, estamos seguros, una vez superado este impasse, los miembros de la Comisión continúan en su delicado trabajo.
Posdata: Debería ser de preocupación para el Estado el que grupos armados ilegales, como el llamado Clan de Golfo, puedan paralizar regiones como Urabá, Sucre y Bajo Cauca antioqueño con “paros armados”.
