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Colombia enfrenta una amenaza que podría sumirnos en una grave crisis energética. De no tomar medidas, el 2027 podría marcar el inicio de apagones generalizados, dejando afectaciones muy graves para la gente y su economía. La UPME ha proyectado que a partir de 2025 Colombia comenzará a experimentar un déficit de energía firme, la cual es crucial para enfrentar eventos como el fenómeno de El Niño. Este fenómeno climático, que suele ocurrir cada cuatro a siete años, reduce drásticamente la capacidad de generación hidroeléctrica del país, ya que depende en gran medida de su régimen de lluvias. El próximo ‘Niño’ se espera entre 2027 y 2030, período en el cual el déficit energético podría ser lo suficientemente grave como para provocar racionamientos de energía o incluso, apagones.
Este año, varios países de la región tuvieron que realizar racionamientos y cortes de energía. Nuestro sistema demostró una solidez notable en comparación con nuestros vecinos. Esto no solo resalta la resiliencia del sistema energético actual, sino que subraya la necesidad de continuar fortaleciendo y diversificando nuestras fuentes de energía para enfrentar los futuros desafíos climáticos que llegarán más temprano que tarde.
Colombia tiene una oportunidad única para capitalizar su abundante riqueza hídrica mediante el desarrollo de fuentes no convencionales de energía renovable, como las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). Estas PCH no solo promoverían la reforestación, ayudando a mitigar nuestra contribución a los gases de efecto invernadero por la deforestación, sino que también aumentarían las garantías para la biodiversidad y aportarían energía limpia a comunidades rurales que demandan acceso a servicios públicos de calidad y a precios justos.
Este desarrollo energético debe construirse con la inclusión de las comunidades locales que residen en las áreas donde hay proyectos potenciales y existentes. Es imperativo que la calidad de vida de quienes habitan los municipios generadores mejore. Estas comunidades son fundamentales para asegurar que el país no se apague. Su participación activa y su bienestar deben ser una prioridad, ya que son los guardianes de esta extraordinaria riqueza.
El gobierno debe actuar de inmediato para evitar que esta proyección se convierta en una realidad. Se deben lanzar nuevas subastas de energía a la mayor brevedad posible, incentivando la inversión en energías renovables y otras fuentes alternativas que puedan complementarse con la matriz actual. Además, es crucial estabilizar el entorno regulatorio para restaurar la confianza de los inversionistas. Las políticas deben ser claras, coherentes y orientadas a largo plazo para asegurar que las inversiones necesarias no solo se realicen, sino que también se mantengan.
El 2027 puede parecer lejano, pero en términos de planificación y desarrollo energético, está a la vuelta de la esquina. Colombia no puede permitirse el lujo de la inacción. Los apagones no solo serían un golpe a la infraestructura del país, sino también una sombra sobre el progreso y el bienestar de su gente. Es hora de que el gobierno y los sectores involucrados trabajen juntos para asegurar un futuro energético sostenible y seguro para todos los colombianos. Solo así podremos evitar que la oscuridad del déficit energético apague la luz del progreso y el bienestar nacional.
