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En el lenguaje de la diplomacia, declarar a alguien persona no grata es la antesala de la expulsión o el destierro, en la política regional, en cambio, esa expresión se ha convertido en una metáfora cargada de simbolismo, un sello de reprobación moral que no expulsa físicamente a nadie, pero sí busca ubicarlo en el banquillo de los acusados de la opinión pública.
La reciente comunicación de declarar persona no grata al candidato presidencial Iván Cepeda tiene un origen: sus afirmaciones según las cuales “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. No se trata de una frase aislada perdida en una intervención o entrevista improvisada; hace parte de un documento programático y de discursos repetidos, en los que presenta al departamento, en “palabras sintéticas”, como epicentro de los peores males violentos del país. Esa caracterización, formulada sin matices, fue percibida por amplios sectores como juicio global sobre la región y sus habitantes, más cercano a la estigmatización que al análisis serio.
Antioquia ha sufrido con particular dureza la violencia del narcotráfico, del paramilitarismo y de distintas formas de crimen organizado, pero lo que enciende la indignación no es reconocer esa historia dolorosa, sino convertirla en etiqueta única y definitoria, como si todo un pueblo fuera reducible a “cuna” de delincuencia. Cuando un candidato a la Presidencia habla de esta tierra únicamente en esos términos, no está haciendo un ejercicio responsable de memoria, sino levantando un dedo acusador que termina señalando de manera injusta a quienes han resistido, trabajado y levantado al departamento en medio de la adversidad.
Las reacciones no se hicieron esperar. Gremios, dirigentes políticos y ciudadanos manifestaron su rechazo a lo que consideran expresiones generalizantes que “estigmatizan de manera injusta al departamento y a sus habitantes”. No es un capricho identitario: se trata de la defensa del buen nombre de una región que ha puesto muertos, recursos y esfuerzo para enfrentar fenómenos que hoy se le presentan como marca de fábrica. Antioquia no niega sus heridas, pero tampoco acepta que se le describa como si hubiera sido la promotora natural de los victimarios.
La declaratoria de persona no grata es la condensación simbólica de ese rechazo. Es un mensaje político claro: en Antioquia no resulta aceptable que, en nombre de la crítica, se equipare a todo el departamento con los criminales que lo han azotado. La medida no tiene efectos jurídicos, no prohíbe el ingreso, ni mucho menos cercena derechos, pero sí fija un límite ético: la dignidad de una comunidad no está a disposición del cálculo retórico de un candidato en campaña.
La metáfora de la persona no grata cobra, entonces, todo su sentido político. No se declara “no grato” a un contradictor por pensar distinto, sino a quien cruza una línea de respeto elemental hacia una comunidad concreta. Antioquia ha sido víctima, escenario y testigo de demasiadas tragedias como para aceptar sin respuesta que se le dibuje como “cuna” natural del crimen.
Antioquia no pide inmunidad a la crítica; exige, con razón, que nadie la reduzca a una caricatura infame. Y frente a quien insiste en hacerlo, la política tiene todo el derecho de decirlo con claridad: en esta tierra, ese estilo de lenguaje es, simple y llanamente, no grato.
