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En medio de la crisis que desató la pandemia —que no es solo una crisis sanitaria, sino también económica, ética y será social— se nota un enorme contraste entre las previsiones y las medidas. Cuando se hace ese contraste es evidente que las cosas no cuadran. Si la situación es tan grave como para enclaustrar a la mitad de la población mundial, entonces las medidas son leves, previsibles e inocuas. Si los gobernantes están convencidos de que son las medidas correctas, entonces fue que crearon un pánico innecesario. ¡A quién creerles a los científicos o a los políticos? Yo me voy con los primeros.
Hablemos de tiempo. Esta semana salió un informe de Naciones Unidas titulado “Responsabilidad compartida, solidaridad global: respondiendo al impacto socioeconómico del Covid-19”. El informe habla de una crisis de duración indeterminada y deja entrever que el 2020 puede considerarse ya un año perdido y que la recuperación se podría producir en el 2021. Pensando en Colombia y en los empresarios, Bruce Macmaster, el presidente de la Andi, habló de un año para que las empresas estén en condiciones de pagar sus deudas (“Pensar lo impensable”, El Tiempo, 29.03.20). El gobierno está tomando medidas para cuatro meses. La previsión de Macmaster pone en entredicho a los bancos, al gobierno y a las empresas de servicios públicos: si las empresas necesitan un año para recuperarse, ¿qué les hace pensar que la gente necesita solo cuatro meses?
Hablemos de inversión. El informe de Naciones Unidas calcula que la solución de la crisis demandará recursos equivalentes al 10% del producto mundial bruto (UN, “Shared Responsibility, Global Solidarity”, March 2020). Los recursos que el gobierno nacional ha destinado para la emergencia no alcanzan al 1% del PIB. ¿Qué tal si el compromiso de los bancos y las grandes empresas colombianas fuera del 10% de las ganancias del 2019? No hablo del 10% de las ventas, solo del 10% de las ganancias.
Hablemos de población. La Onu calcula que el desempleo puede subir hasta en un 25%; en Estados Unidos calculan que puede pasar del 3% al 30%, en solo dos semanas se presentaron seis millones de solicitudes de subsidio al desempleo. Un grupo de economistas de Los Andes calculó que la transferencia de dinero debe hacerse a 11.8 millones de personas, pero admiten que el número puede ser mayor. Nueve informales con aportes personales y 2.8 formales con aportes para la familia (Blogoeconomía, “La vulnerabilidad del empleo a la emergencia de covid-19”, La Silla Vacía, 01.04.20).
Queda pendiente la discusión sobre el monto de los aportes: ellos hablan de $117 mil para informales y un salario mínimo para formales. Si los gobiernos municipales y las empresas de servicios públicos, con exenciones de impuestos y de pagos de factura, no ayudan ese dinero —suponiendo que llegara— se quedará corto.
