viernes
0 y 6
0 y 6
El Consejo Nacional Electoral transfirió a 17 partidos y movimientos políticos de Colombia la suma de $174.578.022.944 por funcionamiento y reposición de votos por las elecciones locales de 2015, las consultas presidenciales y las elecciones al Congreso en marzo de 2018.
En cifras aproximadas, Centro Democrático recibió $32 mil millones, el partido de la U $29 mil millones, el partido Liberal $27 mil millones, Cambio Radical $26 mil millones, el partido Conservador $20 mil millones, el partido Farc $16 mil millones, Grupos Significativos de Ciudadanos $6 mil millones, Opción Ciudadana $4.400 millones, Alianza Verde $4 mil millones, Polo Democrático Alternativo $3.000 millones, Mira mil millones. Movimientos como Colombia Humana liderado por el senador Gustavo Petro y Nuevo Liberalismo, por los hermanos Carlos y Juan Manuel Galán, están luchando en los estrados judiciales para obtener su personería y sus reconocimientos económicos.
Las cifras presentadas permiten varias reflexiones: (i) No obstante las crisis internas y de credibilidad, la falta de ideologías y programas y la personalización de las distintas candidaturas, la legislación colombiana está concebida para que los movimientos y partidos reciban miles de millones de pesos por funcionamiento y por cada proceso electoral. De hecho, la principal preocupación de algunos directores de campaña consiste en superar el umbral, no en ganar las elecciones, pues una vez se alcancen los mínimos de ley, se hacen acreedores a importantes sumas de dinero. Hay que decir que en ocasiones las campañas se adelantan, no para ganar un proceso electoral y prestar un servicio pensando en el bienestar de la comunidad, sino como un negocio de inversión y rendimiento financiero.
Es cierto que en los convenios con las Farc se acordó que el Estado asumiría el costo de funcionamiento de las organizaciones políticas. Se supone que la igualdad de oportunidades de participación, la necesidad de evitar la infiltración de dineros mal habidos y otras prácticas de corrupción, hacen que sea deseable la financiación estatal de los partidos y movimientos, otra cosa es que amparados en el derecho a recibir recursos, se levanten enormes fábricas para hacer dinero con estrategias de mercadeo y publicidad fundamentalmente orientadas hacia la búsqueda de adeptos con recursos.
El Estado debe asumir un estricto control y vigilancia sobre el movimiento de los dineros que entran a las campañas. Debe implementar un procedimiento similar al de los contratos por administración delegada, en los que el pago y el control se ejercen de manera conjunta entre el contratista y los organismos competentes del Estado, de manera que cada peso que se invierta, demostrado con su respectivo recibo y aceptado por todas las partes, sea tenido en cuenta para la posterior reposición. En esta forma, el Estado controlará los costos, los gastos, la igualdad y la participación, no mediante la reposición de dinero por cada voto obtenido, sino por un sistema proporcional que tenga en cuenta el número total de votos. Un procedimiento diferente equivale a otra especie de mermelada.
