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Si algo debe llamar a la reflexión del Estado y de la sociedad colombiana, motivar su atención, conmover y conducir a una actividad que vaya mucho más allá de declaraciones, eufemismos y disfraces, es el creciente y generalizado fenómeno consistente en un incomprensible desprecio por la vida humana.
El derecho a la vida es el derecho básico y fundamental, porque si no se tiene, los demás derechos carecen de sentido.
No puede haber paz, ni convivencia, ni justicia en un país en donde no se tiene respeto ni consideración por el derecho a la vida. Para infortunio de la actual y de las futuras generaciones, lo que ha venido ocurriendo en Colombia durante los últimos años es la indolencia e insensibilidad oficial y social ante la muerte, como si la vida no valiera la pena. Como si no fuera un derecho de todo ser humano. Como si no importara.
Estremece la sola enunciación de algunos hechos que se han venido repitiendo cada vez con mayor frecuencia y con menos impacto. Hemos retrocedido a tiempos tan vergonzosos como los de los llamados “falsos positivos”, que no fueron otra cosa que crímenes de lesa humanidad. Nos hemos ido acostumbrando a las masacres; a los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, desmovilizados, indígenas, campesinos, estudiantes, miembros de la fuerza pública; a excesos de policías –no todos– que, prevalidos de su uniforme, en vez de proteger, atemorizan a la comunidad, golpean, torturan, disparan y hasta matan; a los atracos que culminan con la muerte de las víctimas, a los feminicidios, a la violencia intrafamiliar; a las altas cifras de contagios y muertes por coronavirus, que no afanan tanto al Gobierno como las de la economía y las finanzas.
La Constitución proclama la vida como el primer y más importante objetivo de la organización estatal y de la función pública. Declara el derecho a la vida como inviolable. Prohíbe la pena de muerte. Señala que las autoridades han sido instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida y en sus derechos. Dice que la Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Y agrega que “los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale”.
¿Se cumple todo ello?.
