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Antioquia no puede votar contra sí misma. El departamento enfrenta una decisión política que no puede leer con ingenuidad. No se trata solamente de escoger entre candidaturas nacionales, sino de valorar qué tipo de relación quiere construir el departamento con el próximo Gobierno. La discusión reciente ha dejado señales preocupantes. Iván Cepeda afirmó que Antioquia se convirtió en “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, frase incluida en su programa de gobierno y ampliamente rechazada por sectores sociales, empresariales y políticos del departamento. Gustavo Petro, en lugar de moderar esa lectura, salió a respaldarla afirmando que el paramilitarismo nació en Antioquia y que sobre el pueblo antioqueño cayó “la plaga del narcoparamilitarismo”.
Estas expresiones no son menores. Aunque sus autores sostienen que hablan de procesos históricos y de élites políticas, la forma territorial de las frases acaba produciendo una estigmatización generalizada. Antioquia no puede aceptar que su identidad colectiva sea reducida a violencia, narcotráfico o parapolítica. El departamento tiene heridas históricas, como las tiene Colombia entera, pero también ha construido capacidades empresariales, sociales, institucionales, académicas y comunitarias que han contribuido al desarrollo nacional.
El dato electoral reciente muestra una responsabilidad mayor. Antioquia aportó 1.212.000 votos a favor de ADLE y Paloma sumados con relación a Iván Cepeda, dentro de un total nacional conjunto de 2.312.000 votos. Esto significa que más de la mitad de ese respaldo provino del departamento. Ese dato revela que Antioquia no es un actor secundario: puede inclinar una elección, ordenar una coalición y enviar un mensaje nacional. Si esa fuerza se dispersa, el departamento reduce su capacidad de defensa política. Si se concentra, puede convertirse en una barrera democrática frente a proyectos que han tratado a Antioquia con desconfianza, prejuicio o cálculo electoral.
El riesgo con Cepeda no es solo programático. Es también simbólico e institucional. Un gobierno que llega al poder después de haber caracterizado a Antioquia como epicentro de la narcoeconomía, la parapolítica y el terrorismo de Estado podría relacionarse con el departamento desde la sospecha y no desde el reconocimiento. En un contexto donde ya existen reclamos por retrasos, giros pendientes o tensiones en proyectos como el Túnel del Toyo, el Metro de la 80, el aeropuerto José María Córdova y varias vías estratégicas, Antioquia necesita un Gobierno que la trate como aliada del país, no como adversaria política.
Por eso, el llamado es claro: Antioquia debe apoyar masivamente el cambio democrático frente a la continuidad del proyecto político de Petro y Cepeda. No por regionalismo estrecho, sino por dignidad territorial, defensa institucional y una enorme responsabilidad con el desarrollo de Colombia que se puede y debe impulsar desde nuestra región. El departamento no puede votar contra sí mismo ni permitir que quienes lo han estigmatizado reciban, sin respuesta, el poder de decidir sobre su futuro. Cada voto cuenta para consolidar una diferencia que nos dé el peso político que necesitamos en el siguiente cuatrienio.
