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Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 29 de julio de 2019

DOBLE INSTANCIA FALLIDA

El derecho a la doble instancia es una prerrogativa universal en cuya virtud toda persona procesada penalmente puede acceder a un tribunal superior, independiente e imparcial, para que revise la decisión adoptada por el juzgador inicial; por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (incorporada mediante Ley 16 de cinco de febrero de 1973, en vigor desde el 23 de marzo de 1976), en el acápite destinado a los “derechos civiles y políticos”, prevé diversas garantías judiciales entre las cuales —“en plena igualdad”— asegura el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” (art. 8.2, h).

Sin embargo, transcurridos 43 años desde el nacimiento a la vida jurídica de esta obligación internacional, el Estado no cumple a cabalidad con ella y muchas personas (no siempre aforadas) han sido condenadas sin que se les respete ese beneficio. Incluso, la Constitución de 1991 —que dice aupar ese derecho— previó una única instancia en cabeza de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal) para los aforados constitucionales, que se vendió dizque como “una garantía”, en cuya virtud los más excelsos jueces eran los encargados de juzgarlos.

Pero muy pronto ese organismo (igual sucedió con la entonces llamativa Corte Constitucional) se politizó y los encargados de esas tareas no fueron ni los mejores ni los más impolutos jueces porque un desmedido activismo judicial y la corrupción, de forma lenta pero segura, los volvió también legisladores y líderes políticos, sin que nadie les demarque su órbita de acción y competencias. ¡Orgullosa debe estar Mary Shelley con su Frankenstein!

Un paso interesante para consolidar esa merced se dio cuando, en 2018 (Acto legislativo 1), se introdujo un calco de doble instancia en cuya virtud se creó una sala especial de investigación y juzgamiento al interior de la Corte Suprema de Justicia, que conoce de los procesos contra esos aforados, algo insuficiente porque el mismo organismo hace las veces de “garante”. La transgresión, pues, continúa. Así las cosas, no es de extrañar que algunos de esos condenados hayan acudido a instancias internacionales que han verificado la vulneración de sus garantías judiciales y han adoptado decisiones que poco repercuten en el orden interno.

Ahora, desde luego, el debate se vuelve a reabrir con el caso Arias Leiva (a quien la Corte Suprema, bien se sabe, condenó de manera injusta y con evidentes muestras de parcialidad a una larga pena privativa de la libertad) dado que sus copartidarios, tras su extradición a Colombia, buscan que el Congreso modifique la Constitución para introducir la doble instancia retroactiva.

Desde luego, molesta (y mucho) que proyectos como esos tengan nombre propio y no se dirijan a la generalidad de los asociados; también, causa escozor la forma poco jurídica y apresurada como se conciben y se presentan, y que no se midan diversas consecuencias que traen aparejados (fenómenos de prescripción, impunidad en tratándose casos muy graves, etc.). Para la muestra basta leer el encabezamiento de la propuesta que firma el representante Rodríguez Rodríguez, para verificarlo: “Por medio del cual se modifica el artículo 234 y 235 de la Constitución Política” (dos artículos que se quieren modificar y se emplea el singular para denotarlos), no obstante plantea una novedosa “Sala de Garantía de segunda instancia” al interior de la Corte; a ello tampoco escapa el improvisado proyecto presentado el día 23 por cuatro congresistas —que, por las críticas, tuvo que ser retirado a prisa, corregido y vuelto a ingresar—, mediante el cual se crea una “sala de descongestión” al interior de la Corte para cumplir esas tareas.

Sin embargo, la realidad es otra: la normativa constitucional no garantiza el derecho a una verdadera doble instancia —y tampoco los proyectos—, porque el tribunal asignado no es el “superior” de quien adelanta el juzgamiento y no es independiente e imparcial; así las cosas, de nuevo hacemos el oso y las garantías judiciales son un rey de burlas.

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