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El gobierno de Abelardo De La Espriella acaba de entregar a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el Libro de la Verdad. Son 82 casos encontrados durante la transición que, según el nuevo gobierno, merecen ser investigados. El libro dejó al descubierto un asunto menos escandaloso y preocupante: ¿cómo se entrega un gobierno en Colombia? Ley de Murphy: no se hizo una entrega rigurosa del gobierno. En la primera semana del nuevo gobierno, Colombia fue sacudida por un terremoto con una UNGRD saqueada y capacidades muy limitadas.
Durante años convertimos el empalme presidencial en una ceremonia republicana. El presidente electo visita al saliente. Foto. Apretón de manos. Se nombran comisiones. Ministros y sucesores se reúnen alrededor de mesas llenas de carpetas. Parecía funcionar hasta que un presidente decidió desconocer los resultados electorales.
No hubo esa liturgia política que habíamos confundido con una institución: “el empalme”. Y entonces quedó expuesta una pregunta incómoda: ¿la entrega del Estado depende realmente de que dos adversarios estén dispuestos a sentarse juntos?
Resulta que no. Desde 2005 existe la Ley 951. Esta transición presidencial evidenció que es una ley liviana y sin dientes. La norma estableció que la entrega y la recepción de la gestión pública es un proceso de interés público, obligatorio y formal. Quien termina debe rendir un informe; quien lo sustituye debe recibirlo y revisarlo. La ley incluso le puso nombre al documento: Acta de Informe de Gestión. No es una cortesía.
Hace seis meses, la Corte Constitucional recordó que esa acta hace parte del proceso institucional de entrega y recepción de asuntos y recursos públicos y busca garantizar la continuidad administrativa, la transparencia y delimitación de responsabilidades. El propio Libro de la Verdad advierte que este documento no constituye un informe de empalme en los términos de la Ley 951. Ya se denunció lo encontrado, se iniciarán investigaciones y se alimentará durante meses el debate político. Pero no reemplaza el instrumento con el que quien administró recursos y asuntos públicos rinde cuentas a los colombianos de lo que entregó.
El DNP publicó 201 informes sectoriales de empalme. Una cosa es producir informes. Otra es entender que la entrega de la administración pública constituye una obligación que no debería depender de la voluntad política del gobernante que sale ni del que llega, sino del cumplimiento de la ley.
Tal vez llevamos veinte años mirando el empalme desde el lugar equivocado. Nos interesó más la fotografía que el acta; más la forma que el fondo. La pregunta no es si Petro quería recibir a De La Espriella o si De La Espriella confiaba en Petro. Es por qué Colombia convirtió durante tantos años el empalme presidencial en acto de cortesía política, si desde 2005 la entrega de la gestión pública es obligación jurídica.
Los presidentes pueden detestarse. Pueden no reunirse, no tomarse la foto, ni siquiera hablarse. Eso pertenece a la política. La entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos es un asunto del Estado. ¿Dónde está el Acta de Informe de Gestión del gobierno de Petro? ¿Dónde están la Contraloría General de la República y los demás órganos de control?
