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No hay duda de que Iván Velásquez es un militante de izquierda y de que tiene un pasado controversial. Más allá de ello, son sus opiniones sobre la Fuerza Pública las que causan zozobra y deben despertar todas las alarmas. Para Velásquez, los uniformados no tienen presunción de inocencia, cree que los errores y los delitos de algunos uniformados son parte de una política institucional, que son corruptos, que la Policía comete masacres, que el Estado es cómplice de grupos como el Clan del Golfo. En cambio, por ningún lado se encuentran condenas al Eln o a las Farc.
Por otro lado, Velásquez no sabe nada sobre los oficios y la cultura de los militares y policías o sobre los asuntos de defensa y seguridad, los ejes del Ministerio.
No solo no respeta ni admira a la Fuerza Pública, sino que está lleno de prejuicios sobre ella, le tiene inquina a la Policía y malquiere a los militares, ignorante de su tarea.
El nombramiento de Velásquez es una clave y un pésimo presagio. Para despejar cualquier duda que hubiera, devela que, más allá del discurso del “acuerdo nacional” (en realidad, un pacto clientelista y corrupto), la agenda de Petro es extremista y vindicativa.
Velásquez, ya lo ha dicho, va a trabajar para sacar a la Policía del Ministerio de Defensa. A estas alturas, será el menor de los daños. Más complicado es el mensaje de que los policías son asesinos, ellos y los militares son corruptos y todos están vinculados con los paramilitares.
Aún más graves serán los efectos sobre la Fuerza Pública, la defensa nacional y la seguridad ciudadana: la ruptura profunda de la confianza de militares y policías y el gobierno, ya afectada por el hecho mismo de que sea Petro el presidente; la picota pública para generales y oficiales superiores, retirados y en servicio, que serán acusados de los más diversos delitos y retirados de las Fuerzas sin fórmula de junio (una “depuración” que querrán aparecer como ética, pero que será política e ideológica); la ausencia de defensa institucional para los uniformados; el intento de adoctrinar a los uniformados; el desmantelamiento de lo poco que queda de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia; la paralización de las acciones militares y policiales.
Si a todo ello se suman las políticas de “perdón social” y negociación con los criminales, de suspensión de la erradicación forzada y la extradición, y de legalización de las drogas, el panorama será devastador: fortalecimiento del narcotráfico, del Eln, de las Farc y de los grupos armados ilegales, y un disparo de la violencia, del homicidio, del despojo de tierras y propiedades, de la delincuencia en general. Los ciudadanos, desprotegidos y a la merced de los bandidos
