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El reciente fallo de la Contraloría sobre Hidroituango está lejos de demostrar responsabilidad alguna sobre los sobrecostos de esta megaobra. Tal vez sería bueno dividir el problema para entenderlo mejor. Lo primero es que al proyecto hay que sacarlo adelante, su entrada en operación es importante para el sistema energético nacional. Su retraso podría incluso implicar un racionamiento de energía como el que tuvimos en el gobierno Gaviria, por el retraso de El Guavio y la falta de disponibilidad de las termoeléctricas, en fin, por una suma de corrupción e improvisación que no convendría repetir. Lo segundo es que el proyecto y el cumplimiento de los plazos son muy importantes para las finanzas de los socios, que son EPM y, por lo tanto, el municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
A mi entender, el fallo que establece que hay responsables fiscales por culpa grave es incompatible con la decisión de la aseguradora, que había determinado que había cobertura y había empezado a pagarla. Si la indemnización existe, no hay daño, creo que es así de simple y, a mi modo de ver, se podría poner en riesgo el pago de lo que resta del siniestro por parte de la aseguradora. De mantenerse el fallo, se materializaría entonces la pérdida de 4,3 billones de pesos que los supuestos responsables no tendrían con qué pagar ni en esta vida ni en la otra. Eso sí, al arruinar a las compañías antioqueñas que hacen parte del consorcio, se impediría su continuidad y se perderían cientos de empleos. Solamente el cambio del constructor le acarrearía al proyecto al menos un año de atraso y ya, en efecto, la administración municipal se anticipó y empezó a concebir su reemplazo con la visita que hicieron varias constructoras a la presa la semana anterior.
El fallo del organismo de control pone en riesgo al sistema energético nacional y las finanzas públicas, que es lo que debería proteger con su intervención. Todo lo anterior genera interrogantes que, sumados a la curiosa línea de tiempo que maneja, sobre la que imputa a dedo, como responsables fiscales, a algunos gerentes, miembros de junta, alcaldes y gobernadores, mientras que a otros los exonera, le resta contundencia jurídica y hace que las conjeturas sobre el contenido político de su determinación sean inevitables. Ya no me quiero preguntar cuáles serán las intenciones para llevar a cabo este oscuro plan, más bien quisiera dejar en evidencia a quienes serían los verdaderos responsables de lo que podría ser el descalabro fiscal más grande en la historia del país.
Pd: La mejor forma de desterrar a un mal gobernante es dejarlo gobernar, que es precisamente lo que hace mal. Con la revocatoria lo llevan al terreno político, que es donde sabe defenderse
