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Amable lector. Con motivo del azaroso problema que se presentó en la construcción de la represa de Hidroituango en el año 2018 —que, por fortuna y gracias al manejo que se le dio en su momento, no llegó a ser un desastre mayor—, ahora surgen nuevas dificultades; de no tener un arreglo sensato, al final el daño será mucho mayor.
Una breve explicación sobre este complejo asunto es así: EPM es la dueña del proyecto de Hidroituango, para ello contrató el diseño y ejecución de la obra con un consorcio del cual hacen parte Conconcreto, Coninsa Ramón H, Camargo Correa y otros.
La Contraloría General de la Nación afirmó que hubo culpa grave por parte de miembros del consorcio. Significa, según nuestro Código Civil, que actuaron de manera negligente o con poca prudencia. Desde luego, para quien no tenga acceso a conocer de cerca cómo se manejaron las cosas, no es fácil compartir en su integridad este fallo.
Una persona que posea un mínimo de conocimiento sobre asuntos como éste, preguntaría: ¿Y el dueño que es EPM nunca dijo nada? Es de suponer que si las firmas encargadas de la construcción estaban utilizando materiales de baja calidad, como lo afirmó el alcalde, y, además, corriendo riesgos que podrían comprometer el éxito de la obra, la firma interventora y EPM debieron dejar constancia escrita sobre tamaño despropósito.
Ahora, el alcalde señala como únicos responsables a algunos miembros del consorcio y pretende que el contrato, que vence el 31 de diciembre de 2021, se adjudique a un tercero, lo cual haría más incierta la terminación de esta megaobra, y los sobrecostos, mucho más onerosos.
Lo racional sería permitir que concluya en manos del consorcio actual. Lo cual no impide que más tarde haya un juicio que señale con mayor imparcialidad el grado de responsabilidad de cada uno de los actores, incluyendo a EPM y al señor alcalde de Medellín.
En un contrato de la magnitud de Hidroituango debe existir una documentación escrita, en la cual consten no solo los avances de la obra, sino cualquier situación irregular que se haya presentado. Y si hubo alguna decisión de riesgo, con mayor razón EPM debió impedirla. Si no lo hizo, debería asumir su responsabilidad.
Los gremios y personas que tengan algún poder en Antioquia deben ser conscientes de que al alcalde de Medellín no le importan los perjuicios que se causen a nuestra ciudad y a Antioquia, siempre que él pueda seguir ascendiendo en su carrera política y empresarial. Sería imperdonable no encontrar un medio eficaz y claro que le impida causarnos más agravios, humillaciones y atropellos
