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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 16 de marzo de 2022

El mandado

¿Por qué la foto del empresario Mario Hernández y una de sus operarias en compañía del candidato Federico Gutiérrez es, sin analizar la semiótica de la imagen, impertinente en un contexto electoral?

El fraude electoral es un panal de avispas, alborotado por las más ruidosas: las aidamerlanos no revolotean solas. Existen otros “grandes electores”, igual de avispados, que zahieren la democracia mientras que proclaman defenderla: no solo resquebrajan cualquier posibilidad de equidad, con ríos de dinero en publicidad a favor de ciertos candidatos que aseguren su statu quo desde el poder público, sino que coaccionan al elector. Hace cuatro años se publicaron denuncias de empresas que ofrecían dádivas por votar por Iván Duque. ¿Dónde están las sanciones?

Hoy, cuando el Dane confirma que el desempleo de enero se ubicó en 14,6 %, en plena recuperación de la pandemia, muchos cuidan sus trabajos como el mayor tesoro. Es inminente el riesgo de constreñimiento electoral de origen laboral.

¿Acaso los empresarios no tienen el derecho y la libertad de expresar su apoyo a un candidato? ¡Por supuesto que sí!, pero la relación vertical con sus subordinados los obliga a una ética democrática intachable.

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE): “Pilas con el voto: Elecciones Presidencia y Congreso 2018”, señala que la ciudadanía informó sobre diversas formas de fraude en www.pilasconelvoto.com. Concentrémonos en dos: “Constreñimientos laborales para favorecer a determinado candidato” y “el uso desbordado de publicidad, relacionado con el alarmante incremento de grupos significativos de ciudadanos, frente a los cuales la normatividad es precaria y permite, entre otras cosas, la ausencia de controles efectivos a la financiación de sus campañas”.

En 2014, recibió 3.705 reportes de irregularidades, para 2018 fueron 4.601. En 2018, conoció 215 presuntos hechos de constreñimiento al sufragante: “La principal modalidad es la amenaza o presión laboral, ya sea por parte de empresas privadas o funcionarios públicos”, quienes, además, incurren en el delito de participación en política. ¿Cómo se presionó a empleados para que “hicieran el mandado” en las urnas? Condicionaron la continuidad de sus contratos obligándolos a consignar firmas o votos a favor de determinado candidato; asimismo, los dueños amenazaron con cerrar las empresas o trasladarse a otros países en caso de que ganara un candidato distinto al de su preferencia. Medellín fue la tercera ciudad con más reportes de este tipo de fraude.

¿Y la publicidad? El informe de gastos/ingresos ante el Consejo Nacional Electoral es una obligación. Transparencia por Colombia alertó sobre los reportes de las coaliciones (las cifras de Gustavo Petro son muy elevadas; no obstante, el subregistro de otras campañas parece evidente: no coincide con la avalancha de publicidad desplegada en las calles). ¿Cómo exigirles transparencia a los empresarios en elecciones? ¿Catapultarán a “otro Duque” sin el más mínimo mea culpa?

El voto es libre, individual. ¡Todavía duele el aguijón de los avispados que picaron a sus empleados en 2018!

Denuncie coacciones electorales de origen laboral acá: https://www.urnadecristal.gov.co/fraude-deleitos-electorales y https://www.pilasconelvoto.com/#reporta 

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