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Desde la aprobación de la ley 1715 en 2014, Colombia viene adaptando la política y la regulación del sector eléctrico para facilitar la incorporación de las energías renovables no convencionales (Ernc), eólica y solar, principalmente. El proceso se ha adelantado sin estridencia y sin premura, dado que, por su elevado componente hidráulico (70 % de la capacidad instalada), la matriz de generación eléctrica es ya envidiablemente limpia y renovable.
Tampoco se han violentado los precios de mercado ni se han impuesto cargas adicionales al consumidor. El impulso ha venido de incentivos tributarios, de los que no gustan algunos candidatos, y del acertado diseño de subastas para acercar las ofertas y demandas de las energías eólica y solar. Adicionalmente, ni la política ni la regulación sectorial han buscado obstaculizar el desarrollo de la generación térmica o la hidráulica convencional para facilitar la entrada de las Ernc. Las propuestas del candidato Gustavo Petro llevarían a un cambio radical en la forma de incorporar las llamadas energías verdes a la matriz de generación eléctrica y a la matriz de energías primarias, que no son la misma cosa.
Propone Petro prohibir la construcción de hidroeléctricas con embalse y sustituir la totalidad del parque térmico por plantas eólicas y solares. Lo primero supondría desperdiciar un potencial de 50.000 MW que cualquier país del mundo querría para sí; lo segundo, sacar de funcionamiento, no se sabe cómo, los 5.000 MW que le dan confiabilidad y firmeza al sistema eléctrico colombiano. La solar y la eólica son fuentes intermitentes, razón por la cual un sistema donde fueran predominantes estaría en permanente riesgo de racionamiento.
No obstante —para hacer de Colombia “una sociedad movida por el sol, el viento y el agua” y “líder en la lucha contra el cambio climático”—, Petro, en la presidencia, prohibiría la minería a cielo abierto, la exploración de nuevos yacimientos petroleros, el fracking y el desarrollo de proyectos costa afuera; todo lo cual, en pocos años, nos dejaría sin petróleo, carbón y gas natural, no solo para exportar, sino también para el consumo interno.
En la matriz energética colombiana los combustibles fósiles representan 90,4 %; la hidroeléctrica, 4,3 %; la leña, 2,5 %, y el bagazo, 2,2 %. Mientras aparecen las tractomulas y las máquinas movidas por el sol y el viento, se paralizarían el transporte y la industria, que consumen, respectivamente, el 46 % y el 25 % de esa energía. El consumo residencial, el del comercio y los servicios, que totalizan el restante 29 %, también deberían ser severamente racionados.
Aun así, el sacrificio de la sociedad colombiana sería completamente inútil, pues, por su pequeñez, no podría impedir el inexorable avance del cambio climático y el calentamiento global. De hecho, si la economía colombiana dejara de existir de un momento a otro, la desaparición de su insignificante 0,3 % apenas se notaría en los cien billones de dólares del PIB mundial y, menos aún, en los 40.000 millones de toneladas métricas de CO2 que emite su producción
