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David Santos Gómez
Columnista

David Santos Gómez

Publicado el 15 de junio de 2021

El reyezuelo demente

Daniel Ortega, el presidente desquiciado que maneja Nicaragua, buscará su cuarto periodo consecutivo el 7 de noviembre próximo. Y ha decidido, apoyado en la ruptura absoluta de todos los poderes del Estado, que nada ni nadie se opondrá en su objetivo. Ya ni siquiera se toma el tiempo de dar una mano del barniz democrático con el que maquillaba su régimen y con el cual ocultaba denuncias de violaciones a los derechos humanos, malversación de fondos, compra de votos y descarado nepotismo. Ahora va directo a la consolidación de un proceso dictatorial. Ha metido presos en poco más de dos semanas a todos aquellos políticos que podrían ser sus rivales en las urnas y con sus oponentes tras las rejas él caminará solo a reclamar el triunfo.

El viejo guerrillero sandinista, que prometió alguna vez luchar contra un sistema despótico, ahora posa de reyezuelo absoluto. Mal gobernó el país centroamericano entre 1985 y 1990 primero y luego tomó un segundo aire en el trono, desde 2007, para no volver a levantarse de él. De lograr una tercera reelección a final de este año tendría garantizada su corona por un quinquenio más, hasta el 2027. Un segundo tiempo presidencial de dos décadas.

Apresar a sus rivales políticos es una nueva y burda historia del desprecio legal de Ortega. La cacería inició el 2 de junio con la detención de Cristiana Chamorro -quien puntea en las encuestas y es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamarro- bajo acusaciones de “gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero”. Seis días después fueron detenidos otros dos precandidatos presidenciales (Félix Maradiaga y Juan Chamorro) ambos, supuestamente, por menoscabar la independencia y la soberanía nicaragüense. Pero los cargos ya no importan. A los que siguieron en la lista de detenciones se les acusa de estar financiados por potencias extranjeras, de ejecutar actos de terrorismo, de golpistas o de traidores a la patria.

La maquinaria corrupta nicaragüense lleva décadas de cuidadoso mantenimiento. Al controlar la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y el Consejo Electoral, Ortega mueve a su antojo leyes, jueces y urnas, y aplasta a la ciudadanía para evitar que se repita la sublevación popular que lo hizo temblar y lloriquear en 2018 y que se saldó con casi 400 muertos en las calles. Su camino monárquico está despejado pero empedrado con billetes y sangre. Al final ni siquiera necesitará las elecciones

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