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Hace unos días, un tribunal de justicia ordenó al gobierno nacional retirar una gran placa puesta en el túnel de La Línea, en la que aparecen los nombres del presidente Iván Duque y de otros funcionarios por haber sido, supuestamente, gestores o responsables de la construcción de esa obra. Bueno, más que una placa, en realidad era un mural.
Hubo voces encontradas, como cosa rara, pero lo que no sabíamos es que el decreto 1678 de 1958 prohibió poner el nombre de personas vivas a monumentos, obras públicas, calles, puentes, etc. Tal decreto fue modificado por el 2759 de 1997, que continúa la prohibición y le agrega que no se pueden poner placas en obras públicas en las que estén anunciados los nombres de funcionarios que hayan participado en su construcción, excepto si hay una orden expresa del Congreso al respecto y, en cuanto a poner nombres de personas vivas a obras públicas, se exceptúa cuando hay una petición masiva de la comunidad, como sucedió cuando al viaducto Pereira Dosquebradas le pusieron el nombre del expresidente César Gaviria Trujillo, aún vivo, ¡y muy vivo!
Pero esta norma, como casi todas las nuestras, tampoco se cumple. Así como no se aplaude al que frena en un semáforo en rojo, los políticos de turno no deberían alabarse, aplaudirse ni autoimponerse placas recordatorias de su nombre en la inauguración de cualquier obra pública. Simplemente cumplieron con su deber y, con seguridad, no la hicieron ellos solos. Si un gobernante construye una obra con dinero de su propio talego, vaya y venga. Pero es dinero del erario, nuestros impuestos y, aunque parezca muy trivial, aparecer en la placa es abuso de poder, un abuso en el que todos han incurrido.
Cuentan los historiadores que Colombia se demoró muchísimo en tener carreteras. Pasaron más de cien años de vida republicana después de la Independencia y el país seguía comunicándose con barcos a vapor por el río Magdalena, con recuas de mulas y unas pocas líneas de ferrocarril. Inclusive tuvimos aviones y aeropuertos en las ciudades más importantes, antes de que llegaran carreteras hasta ellas. Aún después de empezar a construirlas se requirió medio siglo más para que una incipiente red vial nacional pudiera dibujarse en un mapa. Y el gusto por lo lento nos quedó para siempre. Por falta de plata, de visión política o de dolientes, por desviación de recursos, por las dificultades geográficas o por todas las anteriores, las construcciones públicas en Colombia se demoran tanto en terminarse que nunca las inaugura el mismo gobernante que las empezó.
En gracia de discusión, aceptemos que para la historia es conveniente que quede un recordatorio escrito sobre el hito respectivo, valga decir las fechas de inicio y de terminación. Y tal vez los nombres de los verdaderos ejecutores: los obreros y los ingenieros, si acaso, pero la necesidad de reconocimiento, el tal ego, obliga a estampar el nombre de un mandatario para la posteridad, en letras más grandes que el mensaje importante, y muchas veces sin merecerlo, como si dicha obra fuera su privilegio y no su obligación.
