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Si nos propusiéramos debatir diariamente un escándalo de corrupción de la Administración Municipal, no alcanzaría este último año de pésima gestión para agotarlos. Para fortuna de Daniel Quintero y pesar de Alexandra Agudelo, la agenda de la opinión pública se ha enfocado en el mal final de Buen Comienzo, relegando otros asuntos de igual gravedad, como las irregularidades al interior del Inder, un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín encargado de fomentar el deporte y la recreación.
Para el Inder no fue suficiente usar sus canchas, deterioradas por la falta de mantenimiento, para meter goles de politiquería y burocracia. Convertirse en un directorio político para intercambiar puestos por votos. Modificar los requisitos para aspirar a altos cargos. Presionar a empleados para diligenciar información de posibles votantes. Entregar la suma de 3.100 millones de pesos entre 2020 y 2022 a la Academia de la Montaña Basket Club, un trato donde un alto porcentaje de los recursos llegó a una sociedad comercial con el mismo nombre y sin un objetivo claro. Aumentar los contratos interadministrativos con Metroparques, una empresa que modificó su objeto social para ejecutar mayores recursos y a la que se ha entregado aproximadamente la mitad del presupuesto del Inder. Beneficiar a los hermanos del secretario de Hacienda, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, por medio de la adjudicación del corretaje de millonarios contratos interadministrativos entre el Inder y Metroparques a su empresa Seguros Hurtado Pérez. Sino que decidió contratar en el año 2021 al último extraditado del país: Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba Ruiz.
Un año después de que el Inder firmara el contrato 6700017220 de 2021 con el objeto de que Álvaro Fredy Córdoba Ruiz prestara los servicios de “apoyo a la gestión en la coordinación del componente biomédico especializado (nutrición) de la estrategia Team Medellín, de la subdirección de fomento deportivo y recreativo del Inder de Medellín”, el Gobierno Nacional decidió hacer algo similar y firmar una resolución que concedía la extradición del mismo ciudadano para comparecer ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego y concierto para delinquir.
Siete meses después de finalizado el contrato, Córdoba fue capturado en Medellín. Aparentemente todos, menos la Administración Municipal y el Inder, sabían de las investigaciones por sus nexos con grupos al margen de la ley. Seguro el alcalde afirmará, o más bien tuiteará, que este hallazgo no es más que otra de las elaboradas persecuciones de sus enemigos imaginarios.
La realidad es que la Alcaldía de Medellín decidió cambiar el nacimiento de grandes deportistas en la ciudad, por el apoyo a políticos, el enriquecimiento de familiares de sus secretarios, las alianzas turbias y una nueva variante: los contratos con extraditados. De la institución creada como motor de transformación territorial poco queda gracias a la politización que caracteriza a esta administración.
Se vale recordarle al alcalde que la política no es “muy dura” como afirmó hace un par de semanas, la corrupción sí. Ojalá no olvidemos que Daniel Quintero tomó las entidades más queridas por los medellinenses, reafirmando que su lema de gobierno debería ser: porque te quiero, te politizo.
