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The New York Times
Columnista

The New York Times

Publicado el 18 de febrero de 2019

El Verdadero problema con el plan de emergencia nacional de Trump

Por PETER H. SCHUCK

El presidente Donald Trump ha declarado una emergencia nacional, únicamente para financiar su muro. Los tribunales pueden, o no pueden, rechazar su táctica.

Pero el hecho de que realmente pueda tener la autoridad legal para exigir que las agencias desperdicien miles de millones de dólares simplemente para cumplir una promesa tonta de campaña que cree que le ganó las elecciones es en sí escandaloso. La teatralidad que rodea a su petulante amenaza de hacerlo oculta una pregunta vital para nuestra democracia que va más allá de esta (no) crisis, una pregunta que el Congreso debería hacer inmediatamente: ¿quién decide qué constituye una emergencia nacional?

En cientos de leyes, el Congreso le ha dado al presidente el poder de decidir. El Congreso le ha entregado a presidentes una demasiado conveniente herramienta de tiranía comúnmente utilizada por autócratas para recolectar más poder, aplastar el disentimiento y eviscerar las instituciones democráticas. En el caso de Trump, ha entregado un misil sin rumbo a un hombre-niño ignorante e impetuoso.

El congreso debería haberlo sabido mejor. Después de todo, promulgó la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que pretendía regular tales declaraciones, solo dos años después de que los abusos de poder del presidente Richard Nixon forzaron su renuncia. El acta en realidad empeoró las cosas en un aspecto clave: definió la emergencia nacional como “una declaración general de emergencia hecha por el presidente”. Esta definición circular, por supuesto, no es una restricción en absoluto.

En la naturaleza de las emergencias nacionales, son inevitables algunas libertades en la definición. Pero el Congreso podría especificar fácilmente ciertas condiciones que deben existir antes de que el presidente pueda hacer tal declaración y, por lo tanto, arrogarse a sí mismo poderes extraordinarios, como restringir las libertades, apoderarse de propiedades, gastar fondos asignados para otros fines y suspender leyes de protección, que de lo contrario no sería posible que el Congreso pudiera otorgarle por adelantado, o tal vez nunca.

Uno fácilmente puede especificar algunos de los factores en una condición de emergencia nacional sobre las cuales cualquier Congreso responsable insistiría antes de permitir que tal declaración tomara efecto: magnitud (los daños incrementales temidos de la condición son muy grandes, no sólo marginales); el alcance geográfico (aquellos daños deben ser a nivel nacional aunque la condición determinante sea más localizada); extraordinariedad (la condición debe ser escasa, si no sin precedentes); inminencia (los daños anticipados deben estar tan cerca en cuestión de tiempo que el Congreso no puede deliberar); y efectividad probable (la acción del presidente debe prometer solucionar el problema sustancialmente.)

Las personas razonables pueden estar en desacuerdo, por supuesto, acerca de cómo precisamente el Congreso debe definir y sopesar estos factores, cómo deben aplicarse a los hechos sobre la tierra y si se deben considerar otros factores. El muro de Trump no puede sobrevivir a un análisis tan riguroso: incluso suponiendo que los recientes cruces ilegales de la frontera hagan daño a la nación, no son más grandes (de hecho, probablemente sean menos) que en las últimas décadas; el Congreso ha estado deliberando (a su manera) durante décadas sobre la reforma migratoria, incluidos los muros fronterizos; y muchos estadounidenses creen que el muro sería ineficaz y una mala idea. El Congreso simplemente no está de acuerdo con el presidente sobre qué medidas de seguridad fronteriza harían la labor, una instancia de política decididamente normal.

Otra forma de hacer que la Ley de Emergencias Nacionales sea más compatible con el estado de derecho es a través de un procedimiento que amplíe la participación en todas las decisiones futuras para declarar emergencias nacionales. Bajo una de estas reformas, el presidente tendría que consultar con los líderes de ambos partidos en el Congreso antes de emitir una declaración. Incluso si el Congreso no pudiera anular tal declaración, los miembros tendrían que tomar una posición pública sobre los hechos y las razones invocadas como justificación por el presidente. Si el tiempo fuera esencial (no es así en este caso; el Congreso ha legislado sobre un muro durante más de una década), sus respuestas tendrían que acelerarse. Con tal procedimiento, la revisión judicial de la declaración podría ser restringida.

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