Por Armando Estrada Villa
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De nuevo, se tramita en el Congreso de la República una reforma constitucional que ordena modificar la lista que presentan los partidos a sus electores con voto preferente por lista cerrada y bloqueada. Los argumentos de quienes defienden la propuesta responsabilizan el voto preferente de los graves males de la política colombiana: corrupción, clientelismo, violación de los topes de gastos de campañas, financiación ilegal y conversión de la política en competencia económica y no ideológica. Aseguran que estos problemas podrían corregirse de manera eficaz sustituyendo el voto preferente por la lista cerrada y bloqueada.
Pero ocurre que no es posible establecer con seguridad una relación causa-efecto entre la lista con voto preferente y los estragos que le imputan, porque son los políticos, no todos por fortuna, los que compran votos, corrompen el electorado, violan los topes y acuden a la financiación ilegal. Y es que, como lo demuestran estas conductas, las dificultades y disfunciones de los partidos políticos no provienen únicamente del voto preferente, por lo que difícilmente se solucionarán con el simple cambio de las listas. Por eso, resulta difícil creer que el único remedio para los males de la política sea restarle derechos al ciudadano e impedirle que vote dentro del partido o movimiento de su predilección por el candidato que considere mejor.
El voto preferente ofrece ventajas y beneficios a los electores que vale la pena tener en cuenta, pues constituye un derecho del ciudadano que aumenta la representatividad al hacer que sean elegidos los que prefieren los electores, disminuye el poder del aparato del partido y aumenta el del ciudadano, incrementa el grado de conocimiento de los candidatos por parte de los votantes y la responsabilidad del elegido ante sus electores, permite establecer una relación más directa entre electores y elegidos y mantiene cauces abiertos para la selección por el ciudadano de los candidatos individuales más capaces, honestos y representativos. Con razón, Dieter Nohlen sostiene en su libro “La democracia. Instituciones, concepto y contexto” que “el parámetro para medir una adecuada participación permitida por un sistema electoral es la forma de votación personalizada”. Por su lado, Gianfranco Pasquino en “La democracia en nueve lecciones” manifiesta que “largas listas bloqueadas con posibilidad de candidaturas múltiples, pertenecen con pleno derecho a la categoría de los sistemas pésimos”.
Por otro lado, dice el proyecto de reforma que los partidos y movimientos conformarán las listas con procedimientos democráticos, que bien podrían ser consultas populares o convenciones amplias. Y aquí cabe preguntar si los candidatos no podrían también en estos eventos comprar votos, incurrir en prácticas clientelares y corromper a los electores. Además, no puede perderse de vista que el Acto Legislativo 01 de 2003 ordenó a los partidos y movimientos políticos que debían organizarse democráticamente para la toma de sus decisiones y la escogencia de sus candidatos. Sin embargo, es evidente, después de diecisiete años, el déficit democrático en el funcionamiento de partidos y movimientos.
Por lo demás, debe tenerse presente que países con un alto grado de corrupción como México, Argentina y Venezuela, en América, y con cierto grado España e Italia, en Europa, tienen lista cerrada y bloqueada y países con voto preferente como Finlandia, Austria, Suecia, Holanda y Bélgica, figuran entre los más honestos. Más que en el voto preferente, los males radican en los malos políticos.
