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Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 23 de abril de 2021

EPM: un problema
de legislación inadecuada (2)

Ya ocurrió. Una empresa pública con gran trayectoria y proyección, considerada una de las principales del país e indudablemente la más importante organización pública del occidente Colombiano, fue ejemplo de empresa hasta que algunos alcaldes y políticos se dieron cuenta de la joya que tenían entre sus manos, y la exprimieron hasta que las Empresas Municipales de Cali, desfallecieron y terminaron postradas, con graves problemas financieros, administrativos y jurídicos.

Por suerte, desde sus comienzos, EPM contó con una sana administración técnica, implementada por dirigentes de la talla de Diego Calle Restrepo, y los alcaldes, en general, respetaron el concepto legal de autonomía y la implementación de un gobierno corporativo que blindó la compañía de inadecuados apetitos burocráticos. Más aún, el esquema organizacional fue tan rígido y estable, que la propia clase política se apropió de la defensa de la autonomía y la proyección de la empresa, y gracias a la activa participación de todos los sectores ciudadanos, políticos, técnicos, académicos, gremiales, EPM pasó a ser la empresa de todos, la más querida y protegida por los antioqueños, lo que se evidencia con la calidad y cobertura de los servicios que presta, su estabilidad financiera y credibilidad internacional.

Pero cuando la legislación es inadecuada, tarde o temprano llega alguien con deseos de tomar la Empresa y apropiársela como botín personal, de afirmar que no es la empresa de los antioqueños, de tratar de dividir la opinión con afirmaciones carentes de verdad, con un propósito divisionista de clase, afirmando que no es cierto lo que vemos, pues, para él, se trata de una empresa con “una especie de hipoteca” financiera, administrativa y jurídica, que sólo existe en cabeza de quien tiene propósitos ocultos.

En este punto, cuando aparece quien quiera desprestigiar una organización ejemplar, y desconocer una historia de logros y bondades, se evidencia la falta de una legislación adecuada. No es posible que una empresa de semejante proyección, deba sujetar toda su estructura corporativa y administrativa al capricho de un alcalde, que se siente más gerente que alcalde. Un alcalde, que de acuerdo con la ley “inadecuada”, nombra y remueve libremente al gerente, y preside una junta que prácticamente depende de su absoluta voluntad. Es hora de introducir importantes reformas normativas, de manera que, sin perder su carácter público, las empresas oficiales de servicios públicos puedan desempeñarse sin depender totalmente de propósitos políticos personales. Por ejemplo, su junta directiva debe estar integrada por miembros con distintos orígenes: Algunos designados por el alcalde, otros por el Presidente de la República, otros por los gremios y otros por los vocales que representan la ciudadanía, y que el gerente no sea de libre nombramiento y remoción del alcalde, sino que su elección se haga por la junta así conformada. Otra forma de garantizar la autonomía es introducir importantes reformas a los sistemas de control.

En síntesis, es necesario importantes reformas legislativas, entre otras, a las leyes 142 de 1994 y 1551 de 2012

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