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En marzo de 1980, la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua (presidida por Daniel Ortega) denunció el tratado sobre cuestiones territoriales firmado con Colombia en 1928, Esguerra – Bárcenas alegando su invalidez. Colombia contestó con toda contundencia: NO existe litigio de ninguna naturaleza entre los dos países sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia.
Antes, en 1972, Colombia firmó con Estados Unidos otro tratado, el Vásquez Carrizosa – Saccio en el cual quedó definida la soberanía de nuestro país sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, pendiente de resolverse desde el mismo documento de 1928.
Antecedentes para reconfirmar que el primer error colombiano fue admitir cualquier discusión posterior sobre esa soberanía; como se ha dicho tantas veces, los entonces presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe fallaron gravemente al no retirarnos de El Pacto de Bogotá (Tratado Americano de Soluciones Pacíficas), de 1948 con el cual hubiésemos podido evitar que Nicaragua abriera el pleito en La Haya.
Pero estamos a punto de cometer más errores, tan o más graves por las estupideces de un nuevo gobierno que cree estar inventando la rueda y descubriendo el fuego. El 14 de septiembre de 2022, mientras posesionaba al sub iúdice embajador ante Nicaragua (juicio por narcotráfico ante la Corte Suprema), León Fredy Muñoz, Petro “destituyó” al equipo de abogados colombianos ante La Haya afirmando que “en el tema Nicaragua tenemos un desastre; toda esta escuela de abogados ligados al poder de Bogotá fracasó, fracasó estúpidamente”. Según Petro, el error fue construir una estrategia bogotana para defender nuestro derecho marítimo y no ser “capaz de poner un abogado raizal”. Así, de facto, mandó al carajo a los defensores de Colombia Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador General, y Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional. Para “enmendarlo” ha nombrado a un abogado que hacía parte del equipo de Arrieta, de esos “abogados bogotanos estúpidos”, Eduardo Valencia Ospina, de 82 años de edad; a Diana Carolina Olarte Bácares, Doctora de la U de París 1 Panthéon-Sorbonne; su trabajo ha sido en derecho internacional económico y derechos humanos, y a Elizabeth Taylor Jay, que no es “abogada raizal” sino bióloga y consultora ambiental.
No nombró a ningún abogado raizal, y es probable que en todo el país no haya abogados expertos en Derecho del Mar; una cosa es el Derecho Marítimo, que se ocupa de controversias entre actores privados, y otra el Derecho del Mar que estudia y resuelve pleitos entre estados. Ni Arrieta ni Cepeda lo eran, pero su largo conocimiento del pleito por lo menos nos daba garantías de que estaban al tanto de todo. Las doctoras Olarte y Taylor llegan a empaparse a menos de mes y medio de tener que acudir a nueva audiencia del caso en La Haya.
La soberanía territorial del país es asunto de la más extrema importancia, de Perogrullo decirlo. Pese a ello, Colombia ha perdido casi la misma porción de territorio actual con todos los vecinos, sin excepción desde mediados del siglo XIX, incluyendo a todo Panamá.
Hoy, 42 años después, Ortega sigue en el poder. Y nosotros seguimos cometiendo errores .
