En una democracia, el ejercicio de definir las conductas punibles es una atribución exclusiva del Legislador como representante del pueblo. En esta materia, sin embargo, como en tantas otras, la Corte Constitucional viene usurpando las funciones del Congreso. Vuelvo a insistir en ello, esa usurpación no solo es contraria a la Constitución sino que erosiona la democracia. Es un ejercicio sistemático de activismo judicial, de reemplazo de la voluntad popular expresada por los congresistas, que están sujetos a toda suerte de controles políticos y judiciales, que expresan la opinión de distintos ciudadanos, y que después de largos debates públicos llegan a unos acuerdos que se expresan en leyes, por la de unos magistrados que no representan a nadie,...
