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Antes del ingreso de Colombia a la OECD, esta hizo muchos estudios sobre la situación general del país. Le prestó particular atención al gobierno corporativo de las empresas estatales. Las recomendaciones sobre este último punto fueron consignadas en el documento Conpes No. 3851 del 2015.
En el 2014 los activos del gobierno nacional en empresas estatales eran de 240 billones de pesos, el 32 % del PIB de ese año. Entre estos activos se encuentran las empresas estatales emisoras de acciones, que deben cumplir con las normas de gobierno corporativo de la Bolsa de Valores. El retorno promedio anual sobre el patrimonio (la plata nuestra invertida en esas empresas) fue del 13,5 % entre el 2011 y el 2014.
Sin embargo, el retorno promedio anual sobre patrimonio de las empresas estatales no listadas en bolsa fue del 3,6 %. El 19 % de las empresas del Estado tuvieron rentabilidad promedio negativa en esos 4 años.
Las empresas industriales y comerciales (EIC) de propiedad de los departamentos y municipios no se incluyeron en el estudio. De haberlo hecho, sabríamos que la situación es mucho más dramática.
Es como que usted tuviera un apartamento para ayudar con una renta al sostenimiento de su familia, pero que ese ingreso adicional fuese menor al valor pagado anualmente por impuesto predial del inmueble. Aquí no se trata de ser de derecha, de centro o de izquierda. La realidad es que cada vez seremos más pobres si no se mejora la administración de las empresas del Estado.
Es cierto que algunas de estas empresas tienen una función social y no se miden por su rentabilidad. Pero una institución, bien sea con ánimo de lucro o de beneficio social, debe tener políticas a largo plazo, seguimiento a la gestión del día a día, una junta directiva y un equipo de gerencia con suficiente estabilidad, idoneidad y conocimiento del sector en que opera la institución.
En las EIC departamentales y municipales se cambia con frecuencia la junta directiva y en muchas el promedio de duración de los gerentes es inferior a un año. Tanto cambio facilita los actos de corrupción e impide el desarrollo de planes a largo plazo.
Según la OECD “los procesos para la nominación de miembros de las juntas directivas de las empresas estatales no tienen el nivel de formalidad y estructura recomendado por las mejores prácticas internacionales. Hace falta establecer perfiles exigentes para los miembros de junta y los directivos, con requisitos mínimos de experiencia laboral, calificaciones profesionales, así como los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer el cargo”.
La OECD llama la atención sobre el número limitado de candidatos que se analizan y la falta de claridad en los criterios utilizados en su evaluación, lo cual abre la puerta a una politización de las empresas estatales.
Para la OECD un ministro, o un secretario de despacho para el caso de los departamentos y municipios, no tiene suficiente tiempo para ejercer la labor de miembro de junta directiva. Además, para la reconocida Organización la presencia de dichos funcionarios se convierte en un factor intimidador que impide los debates profundos que se deben dar en una junta directiva, por la importancia y poder que con frecuencia quieren imprimir a su cargo.
Según recientes declaraciones del alcalde Quintero para la selección del hoy declarado insubsistente gerente de EPM se había visto forzado a una operación “quirúrgica”: buscar una persona que diera confianza al otro lado (¿??), pero que fuera más cercana a él. Todo indica que se le dio muy poca consideración a la calificación profesional del candidato.
Cómo dice la OECD, es lamentable la falta de criterio con que se escogen los directivos de algunas de las EIC más importantes del país
