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Se ha sostenido que Colombia posee una sólida institucionalidad, enunciado que con el paso de los años y sucesivos gobiernos se ha consolidado como realidad de nuestra organización y funcionamiento del Estado. Tal arquitectura institucional se fundamenta y construye, de un lado, en el principio de la separación de poderes y, del otro, en un complejo sistema de pesos y contrapesos. La inspiración que da curso a esta organización del Estado no es más que una prudente desconfianza ante la eventualidad de llegar a tener un gobierno proclive al ejercicio autoritario del poder; es la aplicación práctica del sentido común de que es mejor prevenir que curar.
Nuestra historia se caracterizó por un fuerte predominio del poder ejecutivo. Fue a partir de la Constitución de 1991 cuando se profundizó el concepto de separación de poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y se instituyó el principio del control mutuo entre diferentes ramas y órganos del poder público, creando nuevos como la Fiscalía y Corte Constitucional, o consolidando existentes, haciéndolos independientes y autónomos como el Banco de la República, la Procuraduría y la Contraloría. La separación de poderes busca eficiencia a través de la especialización operativa y los pesos y contrapesos procuran control, equilibrio y supervisión recíproca.
Sin embargo, la validez de sus virtudes e ineficiencias no se da en los conceptos de un proyecto, sino en la puesta en marcha de lo diseñado, aunque parezca ideal. A punto de cumplir 35 años nuestra Constitución, hay evidencias para que expertos hagan una evaluación profesional de los progresos alcanzados, así como de rezagos que merezcan ser ajustados. Desde la perspectiva de un ciudadano, resulta difícil no advertir deficiencias por la inoportunidad e ineficacia que pareciera darse en la aplicación de controles, así como en las consecuencias que de ellos deberían derivarse.
Una mirada a la coyuntura actual nos muestra un presidente que desde el inicio de su periodo ha desbordado los controles y límites institucionales, descalificando a contradictores, así como a otras ramas del poder público y órganos de control, sin que tales comportamientos encuentren correctivos oportunos y proporcionales, poniendo a prueba la capacidad real del Estado para ejercer control oportuno y efectivo. Su actuar ha producido desafortunadas realidades como la “paz total”, el “shu-shu-shu” de la salud, la crisis energética, compra de congresistas, corrupción desbordada, por solo mencionar unos casos.
Nuestro sistema judicial pareciera haberse convertido en un “hueco negro” al que todo llega, pero produciendo pocas salidas efectivas y oportunas. Según la Corporación Excelencia en la Justicia -CEJ-, la Fiscalía conoció en 2024 poco menos de dos millones de casos como posibles delitos, de los cuales más del 93% quedan estancados en la etapa de indagación.
Paradigmáticos son los casos de los exalcaldes Quintero y Ospina, quienes ahora llegan, a Súper Salud y a la Nueva EPS, cargando cada uno con numerosas acusaciones e imputaciones. Mal ejemplo, propio de un presidente sin control ni vergüenza, que refleja bien nuestra realidad.
