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Agostinho J. Almeida
Columnista

Agostinho J. Almeida

Publicado el 28 de enero de 2022

Finalmente, la política nacional de CTi...

La política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi) (Conpes 4069) fue aprobada en diciembre como mecanismo para “incrementar la contribución de la CTi al desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país”. Después de algunos intentos fallidos durante los últimos años, esta actualización de la política de 2009 fue lanzada sin mucho fuego de artificio ni celebraciones. Comprensible, pensarán muchos por los momentos conturbados que hemos vivido; otros lo contemplarán con sorpresa cuando la comparen con estrategias de otros países y regiones: si hubiera algún momento para apostar de manera decidida en CTi, este, seguramente, calificaría.

La política menciona siete objetivos específicos enfocados en temas como talento, apropiación social, generación de conocimiento, emprendimiento o financiación y cuyas acciones de política integran también las recomendaciones de la última Misión de Sabios. Esto como respuesta a un diagnóstico complejo que ya conocíamos: somos el país de la Ocde con menor inversión en investigación y desarrollo (I+D), apenas sexto en América Latina; bajo uso y apropiación social de conocimiento; reducida articulación y dinamización del ecosistema; ambiente regulatorio desfavorable; talento Steam (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) insuficiente, entre otros.

Ante eso, la financiación, según la política, estaría concentrada en tres grandes bloques durante el período 2022-2031: financiamiento indicativo (COP 1,15 billones) para programas habilitadores (72 % para talento y generación de conocimiento y capacidades científicas; apenas 5 % para innovar y emprender); recursos provenientes de regalías (superior a COP 30 billones) y beneficios tributarios (estos dos más asociados a la inversión en los proyectos). Esto significa que tendríamos cerca de 3,15 billones de pesos anuales para los próximos 10 años (sin contar con los beneficios tributarios y la inversión del sector privado, regiones y municipios). Alphabet, por ejemplo, invirtió en 2020 cerca de 27 mil millones USD en CTi... casi 35 veces más que la inversión anual proyectada planteada en este Conpes (aún siendo Alphabet, da para pensar). Y si lo comparamos contra el PIB proyectado de 2022, la inversión del estado en CTi estaría entre 0,25 % y 0,30 % del PIB. Sumando la inversión del sector privado (asumamos que sea al menos igual), ese valor podría subir a 0,6 % o 0,7 %. Es decir, más o menos lo mismo que los últimos años. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de los recursos vendrán de regalías; se vuelve de vital relevancia desarrollar e implementar mecanismos transparentes y eficientes para la entrega de estos recursos, particularmente desde la visión de proyectos con impacto real y que generen competitividad.

Es cierto que la ejecución y el uso de este marco de política pública dependerá sobre todo de los actores del ecosistema y su articulación. Pero hay que reconocer que la primera foto no es muy alentadora: un plan de inversión público proyectado que parece no ser más alto que lo de los últimos (habría que sumar acá el presupuesto asociado a programas de la ley de emprendimiento), ausencia de un propósito a largo plazo del Ministerio CTi y una política de CTi que, a primera vista, no aparenta tener nada verdaderamente diferenciador o disruptivo. No, definitivamente no pareciera haber muchos motivos para celebrar este nuevo Conpes... 

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