Por Felipe Arroyo Meza
Universidad EAFIT
Facultad de Economía, 6° semestre
felipearroyo2009@hotmail.com
Las multas por compras en puestos informales en espacio público han generado una gran polémica sobre el porqué de esta multa y mucho se ha victimizado a los vendedores que disponen del espacio público, y aunque este debate esté encaminado a proteger el sustento de muchas familias, es fundamental contextualizar nuestra coyuntura.
Para exponer este contexto, Colombia está dentro de los cinco países con mayor informalidad del continente, y presenta en mayor medida este flagelo entre los países de la Ocde, con un índice del 55.8 % para el año 2017, y es que es de rescatar que las políticas del expresidente Santos fueron exitosas en la medida en que redujeron alrededor de diez puntos porcentuales esta problemática respecto al 2010, esto con políticas de asesoramiento financiero y legal así como la implantación de la ventanilla única para fácil acceso a la formalidad empresarial y laboral.
El actual gobierno quiere continuar por la senda de la formalización, y es claro cómo las políticas en cabeza del presidente Duque y el ministro Carrasquilla en conjunto con la Policía Nacional, quieren construir una economía más sólida y con mejores tributaciones que favorezcan al país; aunque es imprescindible evitar acciones mediáticas como las que sucedieron con las multas que desacreditan la objetividad del Estado y le dan el paso abierto a que los grandes críticos sin fundamentos juzguen los proyectos del Estado. La ideología del gobierno, vista por el ámbito económico, está justificada mediante la proposición de una economía formal, y que permita el eficiente gasto social, también visto desde el punto de vista social, tanto en el Código Policial en el artículo 140, como el artículo 82 de la Constitución.
El modelo promovido por el gobierno con carácter institucionalista de reformas inclusivas y liberales basadas en reducir los costos de la formalización, mejorar las tecnologías de auditoría y control, mejorar el sistema de comunicación y proveer seguridad social de buena calidad, beneficia en gran medida la economía nacional, y aunque es difícil plantearlo, socialmente es un requerimiento político por nuestra incursión en la Ocde, y un requerimiento moral por parte del presidente, en línea con sus tintes políticos y su ideología de “economía naranja”.
*Taller de Opinión es un proyecto de
El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión
joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidades
e instituciones vinculadas con el proyecto.
