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Santiago Silva Jaramillo
Columnista

Santiago Silva Jaramillo

Publicado el 23 de julio de 2015

¿Gasta Colombia mucho en la guerra?

Las conversaciones y discusiones sobre el posconflicto en Colombia suelen llevar inevitablemente al lugar común de cuestionar el gasto que el país ha hecho -y hace- en defensa y seguridad. Las infografías con las comparaciones del tipo “cuántos pupitres se pueden comprar con lo que vale un tanque” abundan en las redes y casi se ha convertido en la bandera de muchos políticos y líderes de opinión para señalar los excedentes en recursos que el final del conflicto armado traería al Estado colombiano.

Pero antes de seguir haciendo cuentas alegres valdría la pena preguntarnos cuánto gasta el país en su defensa y si esto es, en efecto, demasiado.

En 2014, Colombia destinó el 3,4 % de su PIB al gasto en defensa, de acuerdo con cifras del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esto no es sustancialmente menos o más que el gasto en los últimos años. En efecto, el promedio de gasto como porcentaje del PIB entre 1991 y 2014 fue de 3,27 %, y en los últimos cinco años ha sido del 3,34 %. Si este gasto se compara con otros países, Colombia es el número veinticinco en gasto militar como porcentaje del PIB en 2014 y el noveno si se compara con otros países con guerras civiles, conflictos internacionales o desafíos importantes de gobernabilidad en sus territorios.

Así, nuestro país no gasta “mucho más” que otros países con situaciones de seguridad similares, y en general, su gasto en defensa se ha mantenido relativamente estable en las últimas dos décadas. Por supuesto, esto puede contradecir el argumento de que Colombia gasta “demasiado” en defensa, pero no la invitación a que una vez alcanzado un acuerdo entre el gobierno y las Farc, el gasto se direccione a otros sectores.

Pero aunque la negociación de La Habana llegue a buen término –y de eso aún no hay garantías- Colombia tiene, primero, un desafío permanente de seguir “construyendo Estado” en regiones de la periferia del país, territorios donde la presencia del monopolio de la fuerza, la justicia y la tributación central ha sido exigua, cuando más. Y segundo, incluso con las Farc desmovilizadas, esta guerrilla no es el primero, ni será el último de los competidores ilegales del Estado colombiano. El ELN, las bacrim y las organizaciones delincuenciales siguen constituyendo un desafío muy importante para la gobernabilidad y la seguridad de nuestra sociedad.

Esta situación dificulta que la ecuación tanques por pupitres se lleve a cabo una vez se firme algo en Cuba, pero no quiere decir que algunos recursos no puedan apoyar otras áreas del sector defensa, menos centradas en la persecución de organizaciones armadas como las guerrillas o las viejas organizaciones paramilitares, sino en el control y la presencia territorial y la lucha contra el crimen organizado y la producción y tráfico de estupefacientes. La etapa que sigue en la realidad colombiana –la de consolidación de algunas ganancias recientes- necesita de la fortaleza del Estado –en toda su integralidad- pero sostenido sobre el monopolio efectivo de la fuerza.

Así, puede que sea necesario cambiar algunas de las destinaciones de recursos dentro del sector, pero es improbable –e inconveniente- que cambie el monto. Al menos, si no queremos tener que pasar por todo esto de nuevo dentro de cincuenta años.

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